CIERRE DE PESQUISAS

Caso Odebrecht; exigen independencia judicial

Caso Odebrecht; exigen independencia judicial
La constructora y exdirectivos llegaron a un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Fue homologado por el Juzgado Decimosegundo, el 9 de noviembre de 2017. Archivo

A propósito del cierre de la investigación del caso Odebrecht esta semana, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial que se pongan a la altura de las circunstancias y actúen con “independencia, probidad y, sobre todo, a tiempo”.

La Fundación hace su planteamiento en una guía del proceso, que dieron a conocer en su sitio web.

Este caso estuvo a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que en estos momentos entró en la etapa de elaborar una vista fiscal.

La guía señala que el proceso es una prueba para la justicia, ya que el país apenas obtuvo 0.33 sobre 100 en las calificaciones de siete dimensiones de la justicia penal, en el Índice de Estado de Derecho 2020.

Además, el Índice de Competitividad de 2019 que publica el Foro Económico Mundial, plantea que de un total de 141 países, Panamá ocupa la posición 129 en independencia judicial.

Advierten de impunidad en el proceso Odebrecht

Tras el cierre de la fase de investigación del caso Odebrecht el 14 de octubre de 2020, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advierte de un riesgo de anulación del expediente.

Esto se plantea en una guía elaborada por la Fundación en la que además consideran que por “la complejidad en el número de imputados (100) y volumen del expediente (1.067 tomos de 500 páginas cada uno), el riesgo de anulación de la causa es crítico dada la estrategia de consolidación usada por la Fiscalía”.

En ese sentido, en el informe se cita “el tristemente célebre Caso CEMIS, por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), que involucraba, entre otros, al exdiputado Carlos Afú y al expresidente Martín Torrijos. El caso terminó con prescripción y una nulidad del expediente. Es decir: impunidad”.

También destacan que es hora de que la ciudadanía exija un mejor servicio público de la justicia de parte del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que se crezcan a la altura de las circunstancias y actúen con independencia, probidad y, sobre todo, a tiempo.

Otro de los puntos que se presentó en el documento es sobre posibles tácticas dilatorias por parte de algunos abogados defensores de los procesados.

“Las defensas de los múltiples imputados pueden presentar incidentes, recursos de varias clases, incluyendo nulidad y violación al debido proceso, que trasladarían el caso a la segunda instancia, el Segundo Tribunal Superior de Justicia Penal de Panamá, para ser resueltos, lo que en la práctica detendría el proceso en la primera instancia del Juzgado Tercero Liquidador, hasta que le fuera devuelto el expediente al juzgado”, advierte la Fundación.

Asimismo, describen en el documento que los defensores legales de los imputados pueden presentar, a su vez, incapacidades médicas, sustitución o renuncia de abogados defensores, revisión de medidas cautelares y excusas profesionales –por ejemplo, la celebración de otra audiencia, previamente fijada-.

Es por eso que los miembros de la Fundación explican que la ley está diseñada con algunos dispositivos para mitigar los abusos de litigación, que se han convertido en práctica usual de ciertos abogados defensores.

Sin embargo, que los defensores puedan presentar incidentes y recursos casi ilimitadamente, no significa que deben hacerlo, indica en el informe.

Sobre lo anterior, citan tres artículos del Código de Ética del Abogado.

Por ejemplo, el artículo 4, que señala que “el abogado se abstendrá de toda gestión puramente dilatoria que entorpezca el normal desarrollo del procedimiento, así como del uso de pruebas falsas, amañadas o alteradas”.

Además, el artículo 5 sustenta que “el abogado debe actuar con honradez y buena fe. No ha de aconsejar, tolerar o valerse de actos fraudulentos; ni afirmar o negar con falsedad”. Mientras que el artículo 37 señala que incurre en falta a la ética el abogado que, entre otras cosas, estorbe la buena y expedita administración de justicia y aconseje la comisión de actos fraudulentos.

Por los sobornos de Odebrecht, la Fiscalía Especial Anticorrupción formuló imputación a unas 100 personas, incluyendo dos expresidentes: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Adjuntos

Guía Caso Odebrecht 15 octubre 2020


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