Al menos 72 procesos que investigan las fiscalías anticorrupción están en pausa y varios han sido archivados provisionalmente, debido a la falta de una auditoría de la Contraloría General de la República.
Por ejemplo, a través de fallos recientes, juzgados penales sobreseyeron provisionalmente el proceso por supuesto peculado en perjuicio de 153 juntas comunales del país, tras el presunto manejo irregular de $240 millones; el caso de la compra con supuesto sobreprecio de un mapa cartográfico en $22 millones; y la investigación que busca determinar si en el contrato pactado entre la Autoridad Marítima de Panamá y Pele System para el servicio de inspección a los barcos (por $21.6 millones), hubo sobreprecio.
“Si las auditorías están mal, incompletas o simplemente no se hacen, definitivamente que hay un daño en los procesos penales”, manifestó al respecto el excontralor Alvin Weeden, quien agregó que las auditorías deben hacerse en un tiempo oportuno, ya que si se dilatan se sigue favoreciendo a quienes han hecho mal uso de fondos públicos.
Según juristas consultados, la auditoría es la prueba más fuerte que ordena la Constitución para calcular las lesiones al patrimonio de la nación.
VEA: Casos podrían quedar impunes