Las investigaciones relacionadas con el uso presuntamente irregular de fondos asignados al extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) siguen dando vueltas en los tribunales: la mayoría de los casos espera que se resuelvan recursos de apelación, otros tienen pendientes fechas de audiencia preliminar o de juicio, en varios se ha dado sobreseimiento y solo en uno hubo condena.
Así lo revela un informe del Ministerio Público sobre el estatus de estos casos, en los que las fiscalías anticorrupción buscan determinar si se cometieron delitos contra la administración pública o blanqueo de capitales por hechos que ocurrieron durante el periodo de gobierno 2009-2014.
Llantas, único exitoso
El único caso ligado a los escándalos del PAN en el que hasta la fecha se ha logrado condena es el relacionado con la compra de llantas ($110 mil 948), pesquisa en la que el antiguo Juzgado Decimoquinto Penal impuso una condena de seis años y seis meses de prisión al comerciante Charles Sadat Bonilla, y de cuatro años a Edwin Miguel Serracín y Ana Victoria Andrión.
Comida deshidratada, emblemáticos
Resultados distintos al del caso de las llantas hubo en dos de los procesos más emblemáticos del PAN, entre ellos, el de la compra de comida deshidratada, por el que se procesó a varios exministros, altos funcionarios y comerciantes.
El Ministerio Público (MP) abrió dos expedientes, el primero por la suscripción de un contrato con la empresa Lerkshore International Limited por $44.9 millones. En esta causa, el ya clausurado Juzgado Decimoquinto Penal absolvió a los ocho investigados, el MP apeló y el Segundo Tribunal Superior debe emitir una sentencia.
El segundo caso vinculado a la adquisición de alimentos deshidratados, por $14.5 millones, está pendiente de la audiencia preliminar. En principio se fijó para mayo pasado, pero debido a recursos presentados por la defensa de los imputados se postergó para el presente mes de junio.
En abril pasado, la fiscalía anticorrupción tuvo una victoria: el Segundo Tribunal revocó un fallo del Juzgado Decimoquinto Penal y llamó a juicio al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, al excandidato a diputado por Cambio Democrático Heriberto Yunito Vega y a otras tres personas, como parte de la pesquisa relacionada con supuestas anomalías en proyectos viales en Herrera. Aún no hay fecha de juicio.
El MP también le puso la lupa al PAN para saber si se cometió blanqueo de capitales en transacciones que realizó Rafael Guardia Jáen, uno de los dos directores que tuvo la entidad en el periodo 2009-2014. Pero el Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó a los investigados, la fiscalía apeló y, una vez más, el caso espera la decisión del Segundo Tribunal Superior.
Granos, una audiencia
Otro de los casos que hizo ruido fue el de la compra de granos por $12.3 millones, pesquisa en la que se investigó a 58 personas. Mediante una resolución del 12 de marzo de este año, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales fijó audiencia preliminar para los días 26, 27 y 28 de octubre.
Mientras, el caso por presuntas irregularidades en la compra de mochilas escolares por $14.2 millones es otro de los que espera decisión del Segundo Tribunal Superior. Esto, a raíz de que la fiscalía apeló la sentencia del Juzgado Decimoquinto Penal de sobreseer a 16 imputados.
Helicópteros
En el que sí se pronunció el Segundo Tribunal de Justicia fue en el caso por presuntas anomalías en el alquiler de helicópteros ($10.1 millones): revocó las nulidades dispuestas por el Juzgado Decimoquinto Penal a favor de los exministros Guillermo Ferrufino y Emilio Kieswetter y de otras dos personas, por lo que ordenó audiencia preliminar para el 14 de octubre de este año.
El Segundo Tribunal Superior también debe decidir la suerte del proceso por la compra de bolsas de comida a un costo de $33.2 millones. Esto, luego de que el Juzgado Decimoquinto Penal declaró en noviembre de 2019 la nulidad del proceso y la fiscalía apeló esa sentencia.
En cuanto a la investigación sobre las compras para el proyecto Piso y Techo, el Juzgado Decimoquinto Penal efectuó audiencia preliminar el 22 de julio de 2019 y se acogió al término para decidir, pero a la fecha el fallo no se ha dado a conocer.
Otra de las compras del PAN que estuvo en la mira pública fue la de bolsas navideñas ($5.1 millones). Aquí, el Juzgado Octavo Penal sobreseyó definitivamente a los ocho imputados, la fiscalía apeló y logró una victoria parcial: el Segundo Tribunal modificó la decisión de primera instancia y dictó sobreseimiento provisional; es decir, el caso puede reabrirse si se aportan nuevas evidencias. Se desconoce si el MP retomará la pesquisa.
Mientras que otra de las causas más sonadas fue la de la compra de instrumentos musicales ($7 millones). En este proceso, el Juzgado Decimoquinto Penal dictó un sobreseimiento provisional a favor de 13 imputados y definitivo para otros 3. Así como en los demás casos, la fiscalía apeló y en 2019 el Segundo Tribunal abrió causa criminal por supuesto peculado contra 2 personas.
En el informe del Ministerio Público no aparece el caso que adelantó una fiscalía anticorrupción por presunto peculado en la compra de una máquina para espiar comunicaciones en $13 millones. En abril pasado, se informó que este proceso estaba pendiente de que se resolvieran recursos en la Corte Suprema de Justicia.
Chichi de Obarrio
Uno de los protagonistas de los escándalos del PAN fue Adolfo Chichi De Obarrio, quien en la administración 2009-2014 fungió como secretario privado del entonces presidente, Ricardo Martinelli.
Rafael Guardia Jaén, único exfuncionario preso por los casos del PAN, confesó que De Obarrio era quien decía cómo había que contratar, a quiénes y cuánto había que pagar. De Obarrio fue capturado en Milán, Italia, el 7 de abril pasado, pero dejado en libertad una semana después pues Panamá e Italia no tienen un acuerdo para extraditarlo. El MP solicitó su extradición por el caso de las mochilas.