La voz de barítono del magistrado Jerónimo Mejía inundó la sala de audiencias mientras uno a uno cayeron los incidentes de nulidad de la defensa técnica. Aquí no hubo un Felipe Baloy que anotara un gol de honor. El trabajo de hormiga del magistrado fiscal, Harry Díaz, y de los querellantes reconocidos, hizo mella en el muro de contención de la defensa.
La sesión se inició con la determinación de quienes serían las partes intervinientes en el proceso. Mejía tuvo que pronunciar la difícil decisión, a solicitud de las partes interesadas, de que el grupo de querellantes representado por el licenciado Ángel Álvarez no intervendría en el proceso, en razón de lo extemporáneo de su incorporación al caso. Esto no significa que dejan de ser víctimas, ya que siguen manteniendo sus derechos de reclamar una compensación por las presuntas violaciones a su intimidad. La implicación es únicamente procesal: no pueden alegar, cuestionar o argumentar dentro del proceso.
El plato fuerte de la audiencia lo ofreció Mejía al responder a cada una de las nulidades solicitadas. Algunas fueron meramente formulismos invocados, como parte de un ritual judicial. Pero tres de las nulidades pedidas son sumamente serias: la falta de imputación, el doble juzgamiento y la limitación de enjuiciar a un presidente de la República por los delitos mencionados en la Constitución.
En la más importante de estas nulidades - la polémica sobre ‘ausencia de imputación’- el magistrado Díaz efectuó un importante aporte a l análisis de Mejía, con la entrevista a la cadena de noticias CNN en la cual Martinelli afirmaba que no volvería a Panamá y que tenía un equipo de abogados que lo representaba en todos sus casos legales.
Mejía explicó en detalle por qué el sistema de juicios especiales del Código Procesal Penal no requería de imputación a los diputados, ya que se podía dar la situación jurídica de impunidad si no se hacía la investigación, porque un diputado evadido de la justicia podía ausentarse de la audiencia de imputación. El elaborado argumento de Mejía incluía menciones a la jurisprudencia colombiana y a la doctrina de especialistas internacionales, apoyando el criterio de esta decisión. Mejía no estaba hablando únicamente para esta audiencia, sino para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, blindando su decisión contra cualquier posible recurso ante ese tribunal internacional.
Ahora se inicia el primer ejercicio de fondo de este caso: se debatirá el listado de pruebas de todas las partes. Luego de lo cual, Mejía deberá tomar una decisión: otorgar un sobreseimiento o elevar la causa a juicio ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.