La bonanza de la Autoridad Nacional de Descentralización no ha tocado las puertas de Cauchero. A diferencia de otros corregimientos de Bocas del Toro que recientemente recibieron miles de dólares en partidas especiales, esta comunidad, considerada el único bastión de la oposición en esa provincia, está excluida de los proyectos del gobierno.
No tienen energía eléctrica a pesar de estar rodeados por grandes hidroeléctricas; la mayoría de sus habitantes no tiene agua potable (el 67.7% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo); tienen un centro de salud que no tiene ambulancia; y los caminos son intransitables apenas caen las primeras lluvias del año.
Según el Mapa de Pobreza y Desigualdad de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas, el 82.5% de sus habitantes es pobre.
La “Ley Benicio”, o Ley 172 de 2020, que creó 11 nuevos corregimientos, expulsa a esta comunidad de Bocas del Toro cabecera (Isla Colón) y la anexa a Almirante, un distrito joven, que nació en 2015 producto de otra norma impulsada por el diputado Benicio Robinson, presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y mandamás de Bocas del Toro.
A finales de septiembre pasado, cuando La Prensa visitó la población, habló con dirigentes de algunas de las comunidades que conforman el corregimiento. Bajaron de la montaña, caminaron durante horas, para contar sus historias.
Los corregimientos de Bocas están conformados por distintas porciones de territorio desplegadas en distintos puntos de la cordillera. Son como piezas de un rompecabezas. A Cauchero, por ejemplo, lo componen Loma Azul, Loma Estrella, Loma Santa, Cauchero Arriba, Cauchero Abajo, Loma la Fe, Higuerones, Quebrada Pinzón, Quebrada Plátano, Pueblo, Quebrada Mono, Quebrada Huaca, Cerro Palma, Siloe, Mina, y Alto Caño.
Desplazarse de un poblado a otro puede tomar hasta 10 horas de camino. Todo depende de los designios del clima. Ese día, se reunieron en Loma La Fe, un caserío a orillas de la carretera.
Allí estaba Javier Rodríguez, de Cauchero Arriba; Omaira Smith y Joselín Sireck, de Loma Estrella; Seferina Palacio, de Quebrada Huaca; Ernesto Sánchez, vicealcalde de Bocas, quien bajó desde Quebrada Plátano; y Danilo Ábrego, líder de la comunidad.
Todos coinciden en que la “Ley Benicio” fue inconsulta. Afirman que se enteraron de este proyecto cuando había sido aprobado en primer debate, y que por no votar por el PRD están condenados al abandono.
“No hay apoyo de presupuesto para este corregimiento. Ahorita mismo, hemos escuchado que hay muchas juntas comunales a las que les han transferido partidas. ¿Qué pasa con el corregimiento de Cauchero, que tiene áreas de más difícil acceso? Soy un simple vicealcalde, pero le solicito al Presidente que tome en cuenta este corregimiento. La política existe, pero también debe ver la necesidad de los corregimientos”, contó Ernesto Sánchez.
Danilo Ábrego, un hombre bien informado y de profundas convicciones, está convencido de que Cauchero tiene el doble de población de lo que dicen los registros oficiales. Afirmó que allí viven por lo menos 6 mil personas, todas de la etnia Ngäbe Buglé. Sus habitantes viven de lo que da la tierra. De la agricultura y de la ganadería. Siembran plátano, cacao, guineo primitivo y otros.
En las elecciones de 2019, Cauchero decidió la elección del alcalde de Isla Colón, (Bocas cabecera), el distrito de playas paradisíacas que todo el año recibe a turistas de diversas partes del mundo. En esos comicios resultó ganador Emiliano Torres, de Cambio Democrático.
¿Por qué aquí no votan por el PRD?, se le preguntó a Ábrego. “Ya aquí la gente sabe quién es Benicio Robinson. En cada campaña viene con su bolsita de comida y aquí eso no funciona. No hace efecto. A pesar de que somos un corregimiento apartado, aquí luchamos por nuestros propios medios. Aquí la gente vota por proyectos”, aseguró.
Ábrego tiene una teoría rotunda de lo que pudo haber pasado con los $2.6 millones que la Descentralización transfirió selectivamente a juntas comunales del PRD en Bocas del Toro. “No sé si llamarle plata de la descentralización, porque el presupuesto de la descentralización son los $110 mil que le toca a todos los representantes. Pero, el presupuesto que Benicio Robinson depositó a las juntas de El Silencio, Changuinola, Finca Seis, El Empalme, Bajo Cedro, Bastimentos... es un presupuesto no sé de dónde...es algo adicional. Eso es una forma que tiene Benicio de seguir saqueando los recursos del Estado y se lo voy a decir con toda propiedad. Conozco el mal manejo que hace Benicio Robinson. (...) De ese presupuesto que Benicio Robinson le asigna a cada representante de su partido, él solamente les da el 10%. ¿Eso qué significa? Que si al de Bajo Cedro le dio $40 mil, ¿cuánto es el equivalente al 10%?”.
Entonces viajó al pasado y contó una historia que apoya su teoría. “Cuando yo fui representante de corregimiento (2009-2014), el diputado de Cambio Democrático me llamó. Mario Miller. Me dijo que le diera el número de la cuenta de la junta comunal de Cauchero. Que me iba a depositar una suma de dinero, pero que yo no podía tocar todo ese dinero. Que me iba a tocar una parte, porque ese dinero era de él. Yo le respondí: ‘si ese es su presupuesto, entonces deposítalo a su cuenta’. Eso me provocó una enemistad que hasta el sol de hoy, él me dejó de hablar. No me habló. Él depositó esa plata a la exrepresentante de Bastimentos, Maura Earlington, y se le abrió un proceso: baja y sube escaleras. Todavía está siendo investigada sobre ese caso”.
Ábrego y casi todo Cauchero no se sienten derrotados por la “Ley Benicio”. Como la norma entra en vigencia en 2024, están a pocos días de llevar una demanda a la Corte Suprema de Justicia. Tienen buen respaldo. A raíz de que el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley a finales de 2020, ellos recurrieron a un plan B. Mandaron cartas a las entidades que conforman la Comisión Nacional de Límites Político-Administrativos para que les dieran copias de las consultas que Robinson hizo para sustentar su ley. Y ya les respondieron.
Ábrego mostró cartas del Ministerio de Gobierno, Tribunal Electoral, Ministerio de Economía y Finanzas y del Instituto Tommy Guardia, en las que les aseguran que esas entidades no cuentan con esas consultas.
“Vamos a ver cuál va a ser el papel de la justicia. Como todos sabemos, aquí en Panamá la justicia no está haciendo justicia. Aquí lo que gobierna es el dinero, la plata”, puntualizó.
Benicio Robinson negó tener algún poder especial en este gobierno, y aseguró ser un diputado más.
