La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), señaló ayer que después de revisar y analizar las actas de las reuniones de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) “es menester lograr un contrato más equitativo” con Panama Ports Company (PPC) y “en beneficio de los mejores intereses de la nación panameña”.
Las tres actas de las reuniones de la directiva de la AMP se publicaron casi un mes después y luego de una solicitud de información del dirigente político Ricardo Lombana con base a la Ley de Transparencia.
El gremio empresarial recalcó que “es imperativo que la ciudadanía conozca el resultado de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República, con miras a entender cuáles fueron las consideraciones técnicas para certificar el cumplimiento de la empresa con las obligaciones previamente pactadas”.
La mencionada auditoría no ha sido publicada y la Contraloría respondió a este diario en una solicitud de información del informe, con base a la Ley de Transparencia, que no podía facilitarlo porque era de carácter “confidencial”.
El contralor Gerardo Solís presentó un informe en conferencia de prensa el 4 de febrero de 2021, afirmando que después de revisar el contrato la empresa había cumplido. Igualmente fue Solís el que durante una de las reuniones de la directiva de la AMP, y luego de aprobada la autorización de renovar el contrato de manera automática, propuso venderle a PPC la participación del Estado en la empresa, que corresponde al 10% de las acciones.
“Teniendo en cuenta que se dieron tres adendas que modificaron el contrato original, era de suma relevancia que, como país, “fuéramos enfáticos en renegociar ciertos términos del contrato, tomando como referencia las buenas prácticas del comercio marítimo mundial y la administración de puertos de la región”.
Asimismo, añade la Cciap, que era obligatorio negociar tarifas superiores a la de los 24 años anteriores, sobre todo en lo relacionado a arrendamiento de tierras y trasiego de petróleo. “En tercer lugar, debió acordarse la eliminación de las demandas de la empresa al Estado panameño, demandas que han frenado la posibilidad de realizar nuevos puertos en el Pacífico que permitan potenciar el hub logístico para los próximos 25 años”.
Según la Cciap, las auditorías administrativas y financieras a compañías portuarias deben incluir la asesoría de personal técnico con amplia experiencia y trayectoria en el sector marítimo.
De igual manera, subrayó que Panamá necesita desarrollar su potencial en el sector marítimo y la cadena portuaria, ofreciendo valor agregado a la cadena logística, porque la posición geográfica y la infraestructura en torno a ella constituyen el principal recurso como país.
