La historia de la civilización humana está llena de intentos fallidos de parte del poder establecido de eliminar y suprimir las críticas a sus regímenes.
El reciente discurso del presidente, Ricardo Martinelli, durante la inauguración de la cumbre “Conectar las Américas 2012”, pareciera incluirlo en la lista de mandatarios que han optado por silenciar la crítica, elemento inextricable de toda democracia, mediante la regulación de los medios de comunicación.
Sus comentarios se dirigen contra aquellos que hacen críticas anónimas a su administración, a través de herramientas sociales de internet como Facebook y Twitter.
Pero, según Electronic Frontier Foundation, una organización dedicada a la preservación de la libertad de expresión en el ciberespacio, el anonimato es un elemento necesario para cualquier país democrático, ya que es un incentivo para que se critique sin temor a represalias.
En este sentido, la Constitución Política de Panamá establece que “toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa”.
En su discurso, Martinelli estableció que “tiene que haber una identidad en los IP cuando se publica algo a favor o en contra de una persona. Tiene que haber una responsabilidad”.
Bajo este criterio, podría considerarse que la utilización de fuentes anónimas, por parte de periódicos y noticieros de televisión, sería inaceptable.
De hecho, el mandatario comentó que “sin tratar de infringir la libertad de expresión y de opinión, debe haber un control”, tal vez sin reparar que, por definición, cualquier control es una limitación a la libertad de expresión.
La internet se ha caracterizado por ser el vehículo de comunicación que mayor aporta a la libertad de expresión, ya que no pertenece a ningún gobierno y ha facilitado la sublevación contra regímenes que oprimían a sus pueblos.
Por ejemplo, las revoluciones de la reciente Primavera Árabe, apoyadas por la habilidad de la comunicación instantánea y anónima, lograron socavar los gobiernos dictatoriales y autoritarios de Libia, Egipto, Túnez y Yemen.
Millones de personas en muchos otros países también han expresado su oposición a los esfuerzos de controlar la emisión de comentarios y críticas a través de internet.
El controvertido proyecto para impedir la piratería cibernética, conocido como Ley SOPA (siglas en inglés de Stop On line Privacy Act) en Estados Unidos, fue detenido luego de que una gran cantidad de portales de internet se unieran contra la idea de que un Gobierno tiene la facultad de parar el libre intercambio de información.
La historia enseña muchas lecciones sobre este tema, desde la prohibición de la Iglesia católica a leer libros de autores como Víctor Hugo, René Descartes y Jean-Paul Sartre, hasta ejemplos recientes, como la censura china a artistas como Ai Weiwei.
El peligro de esta intención reside en que la idea suprimida pueda resultar ser la correcta.
Los argumentos económicos a favor de la libertad de expresión son muchos, pero el principal se basa en que la disminución de barreras al intercambio de información permite una distribución más eficiente de los recursos económicos.
Esto impulsa la creación de riquezas a través del comercio. Este argumento fue propuesto por el economista John Stuart Mill, quien estableció que el peligro de suprimir información era la eliminación accidental de la verdad. Otros economistas desarrollaron este punto, entre ellos, Ronald Coase y Friedrich Hayek, merecedores del premio Nobel de Economía. Para ellos, coartar la facultad de emitir libremente las ideas es generar ineficiencias de mercado. La crítica política es una unidad de información económica, ya que refleja la estabilidad social de la nación donde se emite.
