El abogado Félix Wing Solís interpuso ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –a título personal– una solicitud de medidas cautelares a favor de la población panameña y de Corporación La Prensa, S.A., (Corprensa), cuya operación se ha visto comprometida tras la decisión del Juzgado Decimoquinto Civil de secuestrarle acciones y cuentas bancarias, como parte de una demanda por daños y perjuicios presentada hace ocho años por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
La solicitud de Wing, basada en lo dispuesto en al artículo 25 del Reglamento de la CIDH, pretende “evitar daños irreparables al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.
El abogado citó al presidente de Corprensa, Diego Quijano, quien advirtió ayer que, además del secuestro impulsado por el expresidente Pérez Balladares, la corporación enfrenta otras 12 demandas civiles y 22 querellas penales, con las que, en conjunto, los demandantes reclaman $84 millones.
A su juicio, en este caso se cumplen los tres requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH para la imposición de las medidas cautelares: gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño.
El requisito de gravedad se refiere al impacto de la medida y, en función de esta, Wing concluyó que el secuestro a Corprensa “constituye una restricción ilegítima, innecesaria y desproporcionada del ‘derecho de expresión...”.
En lo que respecta al requisito de urgencia, el abogado advirtió que el secuestro se ejecutó “sin escuchar a la contraparte”, por lo que la normal operación de La Prensa y Mi Diario se ha visto afectada , a tal punto de impedir el pago de salarios y compromisos con los proveedores. Por si fuera poco, dice, Corprensa se ha visto obligada a consignar una fianza por la totalidad de la “cuantía irrazonable, innecesaria y desproporcionada ($1.13 millón), lo cual agrava aún más la situación financiera”.
Finalmente, en lo inherente al requisito de irreparabilidad del daño, Wing alerta que el secuestro impide que la población panameña acceda libremente a la información de La Prensa y Mi Diario, “daño este que sería irreparable, no solo para el propio medio de comunicación afectado, sino también para sus decenas de miles de lectores”.
Con la adopción de medidas cautelares, el abogado pretende que se proteja de forma inmediata “el acceso al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de la población panameña, y en especial de la sociedad Corporación La Prensa, S.A., y, en consecuencia, requerir al Estado de Panamá su implementación, de común acuerdo con los beneficiarios y sus representantes”.