La llegada de la variante del virus SARS-CoV-2 denominada Ómicron ha ocasionado que se acelere la demanda de pruebas de diagnóstico de la enfermedad Covid-19, dejando en evidencia la necesidad de que las personas tengan acceso a las pruebas rápidas.
Los datos de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) permiten establecer que durante las dos primeras semanas de enero de 2022 se realizaron 281 mil 56 pruebas de la Covid-19.
La semana pasada (9 al 15 de enero) se realizaron en total 153 mil 168 pruebas de diagnóstico, unas 25 mil 280 más que la semana previa (2 al 8 de enero), cuando se realizaron 127 mil 888 (ver gráfica).
Las dos primeras semanas de enero marcan un récord en el país, ya que la primera vez que se superaron las 100 mil pruebas fue en la primera semana de 2021 (3 al 9 de enero) cuando se hicieron 100 mil 89. La situación es evidente por las largas colas que se observan en los puntos de hisopado, así como por la demora en la entrega de los resultados y el ingreso de los registros en el sistema.
Frente a la alta demanda de pruebas, miembros de la comunidad científica abogan por la autorización de la importación y venta de pruebas rápidas validadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).
‘Trazabilidad desbordada ampliamente’
El infectólogo, pediatra e investigador clínico Xavier Sáez-Llorens manifestó que basta con que el Instituto Gorgas y la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos del Minsa avalen su uso en el país, y que no es necesaria ninguna ley al respecto.
Añadió que la trazabilidad ya ha sido desbordada ampliamente y con la variante Ómicron resulta imposible la tarea de llevar ese control.
El especialista consideró que el Minsa quiere tener control de la información y evitar que la gente se realice la prueba y no reporte los resultados y que no haya forma de vigilar el cumplimiento del tiempo de aislamiento. No obstante, hay aplicaciones tecnológicas que pueden ayudar a resolver la falta de reporte, expresó Sáez-Llorens.
“Es mejor dar responsabilidad a la gente con su propia salud y educar a las personas sobre cómo realizar e interpretar los test en casa”, dijo.
Un ejemplo claro de que la trazabilidad no está bajo control es una paciente que recibió el pasado 7 de enero su resultado positivo de la prueba de Covid-19, y ayer, luego de que finalizó sus 10 días de cuarentena, todavía no aparecía en el sistema, por lo que no contaba con su certificación de paciente recuperado de la enfermedad.
La situación la llevó a acudir al centro de salud de Juan Díaz, donde llenó una solicitud para obtener su certificación de recuperada.
La persona, que pidió reserva de su nombre, tampoco fue llamada para conocer sobre sus contactos.
Entre los contactos estrechos estaba su hijo, quien se realizó la prueba el pasado 9 de enero, y ayer aún no conocía el resultado, ya que tampoco aparecía en el sistema.
El epidemiólogo y especialista en salud pública Arturo Rebollón manifestó que hay una altísima demanda en los servicios de pruebas, y en los puntos de hisopado, entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m., no hay pruebas disponibles, por lo que muchas personas se regresan a casa sin un diagnóstico, creando una barrera de acceso a un servicio de salud básico, que es el diagnóstico de una enfermedad pandémica.
Sostuvo que la autorización de pruebas rápidas en casa facilita que las personas que no pueden obtener un diagnóstico en un punto de hisopado o laboratorio puedan realizarse rápidamente una prueba en casa, ya que se ha llegado a una madurez social, donde una persona que tiene un síntoma se queda aislada en casa.
Rebollón es partidario de que el gobierno entregue de forma gratuita estas pruebas rápidas, y sugirió que por cada infectado se le otorguen cuatro para la casa.
Rebollón compartió el planteamiento de Sáez-Llorens de que no hay necesidad de una ley para la venta de estas pruebas, ya que los mecanismos están establecidos.
En ese sentido, Ivonne Torres Atencio, directora de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, planteó que las pruebas deben ser avaladas por el Gorgas y que, luego, deben pasar al Minsa para que a través de la dirección de dispositivos den el visto bueno que requiere el representante legal de la compañía que vaya a distribuir dichas pruebas, luego de que se someta los requisitos para la obtención de registro sanitario. Dijo que esto ya está establecido en el Decreto Ejecutivo No.83 de 26 de abril de 2019, y publicado en Gaceta Oficial el 2 de mayo de 2019, con el fin de garantizar la seguridad y el acceso a dispositivos médicos de alta calidad, tanto en el sector público como en el privado.
Subrayó que ese decreto reglamenta la Ley No.90 de 26 de diciembre de 2017, con relación a los dispositivos médicos y productos afines que existan y puedan existir en el territorio nacional, en materia de importación, fabricación, acondicionamiento, exportación, almacenamiento, comercialización, reexportación, distribución, entre otras actividades.
Nuevas compras
El tema de las pruebas de diagnóstico fue abordado ayer en Consejo de Gabinete, donde se aprobó la compra de un millón 800 mil pruebas, entre ellas, PCR, pruebas Sofía y pruebas caseras.
En horas de la mañana, en un recorrido por escuelas en el área de Paitilla, ciudad capital, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, adelantó que se comprarían más pruebas.
Detalló que se adquirirán de PCR 300 mil para el Gorgas, 300 mil para el Minsa y 300 mil para la Caja de Seguro Social (CSS).
Además, se prevé la compra de 200 mil pruebas Sofía para el Minsa y 200 mil para la CSS, así como 250 mil pruebas caseras para el Minsa y 250 mil para la CSS.
Jorge Luis Prosperi, miembro del Consejo Consultivo de Salud, manifestó que ante la alta demanda de pruebas frente a la Ómicron se debe realizar un uso racional de estas.
Sostuvo que la Organización Mundial de la Salud no recomienda realizar pruebas de laboratorio de Covid-19 a individuos asintomáticos, tampoco para salir de aislamiento o para acceder a lugares públicos.
