El magistrado presidente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, José Hoo Justiniani, dirigió una nota a la directora de Sección de Archivo Judicial para el cierre de cinco juzgado penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, conformado por 18 de estos despachos.
En la nota, fechada el 17 de febrero pasado, se ordenó el cierre cronológico de los juzgados Segundo y Decimoquinto de Circuito Penal para el 31 de este mes.
Mientras, los juzgados Séptimo, Octavo y Decimosexto de lo penal cerrarán el próximo 30 de abril.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que estos despachos tienen entre 10 y 12 funcionarios cada uno, incluyendo al juez titular.
“Hay tantos casos del sistema inquisitivo mixto pendientes, especialmente los de corrupción”.
Annette Planells, Movin
Además, precisaron que los expedientes que manejan estos jueces están siendo auditados.
Extraoficialmente, este medio conoció que hasta el momento el personal no ha sido informado sobre su situación laboral.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, opinó que es prematuro el cierre de estos despachos, debido a hay muchos procesos del sistema inquisitivo mixto pendientes de ser resueltos, especialmente los relacionados con actos de corrupción, varios de los cuales no tienen, ni siquiera, fecha de audiencia.
Casos de alto perfil
Por ejemplo, el Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo del juez Leslie Loaiza, maneja casos como el de presunto peculado en el ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, en el que son procesados los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford; así como los hermanos David y Daniel Ochy, de la constructora Transcaribe Trading S.A.
Asimismo, los procesos sobre la compra de llantas, granos y otros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN); y el que se le sigue al exmagistrado Víctor Benavides por presunto blanqueo de capitales y corrupción.
En tanto, el Juzgado Decimosexto Penal, a cargo de Enrique Pérez, lleva el proceso de los pinchazos por el que los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez fueron condenados a 50 meses de prisión el 3 de enero de 2019, aunque está en grado de apelación ante el Segundo Tribunal.
A su vez, la jueza octava penal, Leyda Terán, lleva el expediente por presuntas anomalías en la indemnización de buses “diablos rojos”, en el que se investiga a 532 personas, entre ellas, 63 exfuncionarios y 469 miembros de concesionarias, dirigentes transportistas y propietarios de buses.
Por su parte, el Juzgado Segundo Penal, a cargo de Johan Barrios, tiene uno de los expedientes de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP). El proceso está pendiente de juicio, tras un fallo de mayo de 2018, en el que el juez Barrios ordenó abrir causa criminal a Mayté Pellegrini, Carlos Pellegrini Puerta y otras siete personas por la supuesta comisión de delitos financieros en perjuicio de la desaparecida casa de valores. Otras cuatro personas fueron sobreseidas provisionalmente.
Por último, el juez séptimo penal, Luis De León, tiene otro de los casos de FP, que guarda relación de posibles anomalías con la cuenta High Spirit en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.