El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela manifestó su repudio a las medidas de secuestro judicial impuestas contra la Corporación La Prensa S.A., propietaria de los periódicos La Prensa y Mi Diario por un total de 1.13 millones de dólares, como parte de una demanda por difamación civil presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
El gremio periodístico venezolano resalta −a través de un comunicado− que el diario La Prensa, fundado en el año 1980, ha desarrollado un periodismo de investigación durante varias décadas, por lo que el citado fallo judicial “pone en riesgo su principal actividad de informar a los ciudadanos y dificulta el pago de salarios a 240 trabajadores.
“El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), de Venezuela, denuncia y alerta el congelamiento de los activos y las cuentas bancarias de Corporación La Prensa, propietaria de los periódicos La Prensa y Mi Diario en Panamá, como un nuevo atentado a la libertad de expresión en Latinoamérica, contrariando derechos humanos fundamentales, protegidos por los tratados internacionales, por organismos internacionales de administración de justicia, desconociendo la importancia de la función social y de interés general que tiene la libertad de prensa, sobre asuntos de naturaleza pública, en perjuicio de ambos medios de comunicación, especialmente de sus trabajadores, de las labores periodísticas que desempeñan los profesionales acreditados, en beneficio de los ciudadanos, para estar debidamente informados, sin censura, sin fronteras, de acuerdo con las leyes de esa nación”, cita el comunicado firmado por el presidente de este gremio periodístico Tinedo Guía.
Los periodistas de Venezuela resaltan el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé un amplio grado de libertad de expresión al garantizar el derecho a “buscar, recibir y difundir información”, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el cual dispone que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión”, lo que incluye el derecho a sostener opiniones sin interferencia y el derecho a divulgar información e ideas de toda índole independientemente del medio utilizado. Estos derechos han sido definidos también por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
El expresidente Pérez Balladares (1994-1999) secuestró las acciones y cuentas bancarias de Corprensa, como parte de una demanda civil que presentó hace ocho años, por presuntos daños y perjuicios.
El secuestro, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, fue decretado formalmente el pasado 22 de junio, por la juez Decimoquinta Civil, Lina E. Castro De León. Por este proceso, no existe una condena ni se ha probado la comisión de algún delito, por parte de Corprensa.
