El procurador de la Administración, Rigoberto González, coordinador de la Comisión del Pacto de Estado Por la Justicia, convocó para hoy este grupo a una reunión virtual para hablar sobre las entrevistas a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La convocatoria se da un día después de que Ejecutivo anunciara que la comisión evaluadora del pacto tendrá un papel en la convocatoria pública del nombramiento de dos magistrados de la Corte y sus respectivos suplentes, quienes reemplazarán a Hernán De León, magistrado de la Sala Primera de lo Civil y a Luis Ramón Fábrega, actual presidente de la Corte y magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, cuyos períodos terminan en diciembre de este año.
En esta reunión se espera que esté presente el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, quien entregará de forma oficial la resolución del Consejo de Gabinete que avala la convocatoria, así como los otros ocho representantes que conforman el organismo.
Dos magistrados para la Corte, el nuevo reto
El Consejo de Gabinete dio luz verde al proceso de escogencia de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en momentos en que ese tribunal está bajo escrutinio público por las denuncias de selectividad al momento de emitir sus fallos. Esto, debido a la sentencia del pasado viernes 16 de abril que declaró “no culpable” de delitos sexuales al diputado oficialista Arquesio Arias.
Precisamente hoy jueves 22 de abril, la Comisión de Estado por la Justicia se reunirá a las 10:00 a.m. para analizar el tema, a raíz de que en el Consejo de Gabinete del pasado martes se autorizó al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, para liderar el proceso, que incluye una comisión evaluadora a cargo del pacto. La Comisión de Estado por la Justicia está coordinada por el procurador de la Administración, Rigoberto González.
El Ejecutivo, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, designará a los reemplazos de Hernán De León, magistrado de la Sala Primera de lo Civil, y de Luis Ramón Fábrega, actual presidente de la Corte, y magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Ambos fueron nombrados durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y su periodo vence el 31 de diciembre de este año.
La reunión de la comisión será virtual y cada uno de los miembros podrá emitir su opinión sobre el proceso. Asimismo se discutirían algunos temas de la metodología que se usará. Representantes de la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, del Ministerio Público, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Comité Ecuménico de Panamá y el Colegio Nacional de Abogados (CNA) conforman el pacto.
Propuestas
Se trata de la segunda ocasión que el presidente Cortizo recurre a este grupo en medio del proceso de la escogencia de magistrados para la Corte. En diciembre de 2019, el presidente nombró bajo este mismo procedimiento a Maribel Cornejo Batista, María Eugenia López Arias, y Carlos Vásquez Reyes. La Comisión de Estado por la Justicia se encarga de entrevistar a los aspirantes que previamente han enviado sus hoja de la vida a la Presidencia de la República. Luego envía un documento al Ejecutivo con algunas recomendaciones que incluye nombres, pero es el Presidente de la República junto a sus ministros, quienes tienen la última palabra sobre los nombramientos, tal como lo establece la Constitución en su artículo 200.
Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, adelantó que en la reunión de hoy, insistirá en la metodología, y la forma de deliberar el listado final (las recomendaciones).
Señaló que propondrá que la deliberación que reduce el listado, sea pública. De igual manera, dijo que a su gremio le interesa que cada aspirante no seleccionado conozca la razón de su evaluación.
“En los procesos anteriores a los aspirantes no se les ha entregado su evaluación y se han quedado sin una respuesta objetiva sobre su no inclusión. Nos parece que es importante reforzar esto”, añadió.
Por su lado, Freddy Pittí, del Movimiento Junto Decidimos, organización que hace veeduría ciudadana a la administración de justicia, manifestó que aunque es importante que los perfiles de los aspirantes pasen por el escrutinio, lo más importante es que las consideraciones de la ciudadanía sean realmente tomadas en cuenta. “Sabemos que dos nuevos magistrados no van a solucionar todos los problemas de la justicia, pero podrían representar pasos en el sentido correcto”, sustentó.
Sin embargo, el llamado del Ejecutivo no convence a otros, pues consideran que aunque la Comisión del Pacto de Estado ha basado las entrevistas en la experiencia, la ética profesional, y la solvencia moral de cada participante, cuando al Ejecutivo no son consideradas.
Mientas que Alicia Fasta, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que hasta que no se realice una reforma integral de la Constitución, el papel de la Comisión de Estado en la escogencia de los magistrados, solo será de “recomendaciones”, al Ejecutivo, órgano que no está obligado a considerarlas. “Por este motivo, casos como el de la sentencia en favor del diputado Arquesio Arias demuestran que en nuestro país no existe un Estado de derecho”, afirmó.
No todos están contentos con el rol que ha tenido y tendrá la comisión en la escogencia de los magistrados. Rubén Elías Rodríguez, expresidente del CNA, tildó al grupo de “desfasado”. “No aconsejo a ningún profesional que se preste para esta farsa. Primero, porque a mi juicio ese manipulable y difuso grupo de personas, en su mayoría no tiene la capacidad, experiencia, e idoneidad para saber quién puede ser o no un buen magistrado de la CSJ, y terminan formulando recomendaciones desacertadas por ignorancia”, planteó.