El Ministerio de Educación dio un paso en esa compleja y necesaria tarea de volver a las aulas de clases en medio de la pandemia por la Covid-19: presentar una hoja de ruta.
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, subrayó ayer que comenzarán el próximo 31 de mayo con un plan piloto que implica a 100 colegios de varias provincias del país, la mayoría multigrados, y la meta en el trimestre es llegar a los 500 centros escolares.
No obstante, detalló que para que eso ocurra los planteles deben cumplir con ciertas condiciones como por ejemplo haber conformado un comité escolar Covid-19, contar con un protocolo de bioseguridad, los educadores “preferiblemente” tendrán que estar vacunados y deberán tener el consentimiento expreso del padre de familia para la asistencia del estudiante.
Para Malena Sáenz, directora de Fundación Valórate es “necesario” que los estudiantes cuenten con las aulas abiertas, para materializar el derecho que tienen a una educación de calidad.
Mientras que la analista en educación, Nivia Rossana Castrellón, dijo que además de la conformación de los comités de bioseguridad, es relevante la participación de los estudiantes en este proceso de vuelta a las aulas.
La compleja y necesaria hoja de ruta para volver a las aulas
El retorno a las aulas de clases bajo la modalidad de enseñanza semipresencial pasa por una compleja hoja de ruta que fue establecida por el Ministerio de Educación (Meduca).
Se trata del Decreto Ejecutivo No. 435, publicado este martes 13 de abril en la Gaceta Oficial, a través del cual se establece las condiciones para que los centros escolares, oficiales y particulares puedan regresar a clases semipresenciales de manera gradual, flexible y segura a partir del lunes 31 de mayo.

Algunos de esos requisitos implican que los planteles deberán haber conformado el Comité Escolar Covid-19; deberán contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado; los educadores “preferiblemente” tendrán que estar vacunados, y deberán tener el consentimiento expreso del padre de familia para la asistencia del estudiante. El uso del uniforme no será obligatorio.
Lo anterior implica que los centros escolares tendrán un mes y medio para cumplir con una serie de condiciones no tan sencillas. No obstante, autoridades como la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, precisan que la vuelta a las aulas también será voluntaria.
Según la ministra arrancarán el próximo 31 de mayo con un plan piloto que implica a 100 colegios de varias provincias del país, la mayoría multigrados, y la meta en el trimestre es llegar a los 500 centros escolares.
Nuevo decreto
En el decreto publicado por el Ministerio de Educación se establece que de aumentar los casos de la Covid-19 en la comunidad en donde se encuentra la escuela el comité escolar, presidido por el director del plantel, debe implementar las guías generales establecidas en la Resolución No. 100 del 11 de abril de 2020, el cual contiene una serie de recomendaciones de bioseguridad. Además, el retorno a las aulas tiene que estar ligado a la realidad de cada escuela.
Entre las provincias donde se espera comenzar con esta modalidad están Herrera, Los Santos, la comarca Emberá, algunas escuelas de baja matrícula en Panamá, Panamá Oeste y Darién. “Esta decisión es gradual, flexible y segura. El padre tiene la opción de enviar o no a su hijo a las escuelas”, puntualizó Gorday de Villalobos.
Sobre los centros escolares con elevadas matrículas, la titular de Educación explicó que no están en el “radar” del Ministerio de Salud permitir su reapertura y que ellos como Meduca se someten a esa disposición.
El balance
Para Malena Sáenz, directora Ejecutiva de Fundación Valórate es “necesario” que los estudiantes tengan la disponibilidad de contar con las aulas abiertas para materializar el derecho que tienen a una educación de calidad, que les garantice el desarrollo pleno de todas sus capacidades y habilidades.
“Los contenidos académicos son una parte del aprendizaje y el desarrollo pleno de sus competencias requiere de otros factores que se logran en la escuela, con los maestros, profesores y compañeros”, acotó.
Sáenz, quien también es coordinadora pro témpore de Aliados por la Niñez y la Adolescencia, subrayó que la exclusión educativa es un “riesgo muy grave” que atenta contra la vida de quienes por su situación socio económica no tienen acceso a medios digitales o a un seguimiento parental adecuado.
“El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación equitativa e inclusiva. Desde la sociedad civil, sentimos enorme preocupación por el tiempo que tienen los niños, niñas y adolescentes sin ese contacto, que además les aporta otros beneficios de gran valor para su bienestar integral”, explicó la activista.
Estos beneficios serían, entre otros, socialización, nivelación sociocultural y ambiente lúdico, necesario para que cada edad.
Fundación Valórate forma parte de otras 23 organizaciones que abogan por un retorno gradual y voluntario a las aulas de clases entre las que están el Programa de Naciones Unidas para la Primera Infancia, la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras.
De hecho, emitieron un comunicado en el que manifiestan que el desarrollo humano y económico del país, depende de la educación de sus ciudadanos y esto se inicia con garantizar el acceso y calidad educativa para los niños, niñas y adolescentes.
“Panamá es el país del mundo con mayor cantidad de días sin educación presencial o semipresencial. Este cierre tan prolongado de las aulas impactará el aprendizaje de estudiantes, aumentará la desigualdad, pobreza, violencia, embarazo adolescente y tendrá afectaciones en la salud mental de la niñez y la adolescencia”, precisa el escrito.
En ese contexto, plantean que luego de 16 meses sin clases presenciales en la mayoría del territorio nacional, la reapertura debe iniciar con las escuelas que cumplan con todas las medidas de bioseguridad y el retorno debe ser parte de un “consenso” entre los actores de la comunidad educativa, padres, docentes y estudiantes.
Los protocolos
La analista en educación, Nivia Rossana Castrellón, señaló que el decreto de Meduca establece requisitos como por ejemplo, crear un grupo humano conformado por la comunidad educativa que vele por las medidas de bioseguridad en los colegios, así como un protocolo u hoja de ruta que toma en consideración los requerimientos del centro educativo (contexto de la comunidad, acceso a servicios públicos, perfil de estudiantes , entre otros).
Castrellón también se refirió a que en el documento toma en cuenta que el derecho del educador de decidir si quiere vacunarse o no, es una decisión estrictamente personal. No obstante, recordó que hay una política de protección a los profesores que estarían interactuando con los estudiantes.
Además, destacó la decisión del padre de familia, hecha saber de manera expresa, sobre qué modalidad de aprendizaje considera debe recibir clases su acudido, y que es estrictamente de manera voluntaria.
“Es pertinente, en este punto, resaltar, junto con la conformación de los Comités de Bioseguridad, la relevancia de la participación en las jornadas de información y sensibilización de la mayor cantidad de miembros de la comunidad educativa, en especial, de los estudiantes, quienes deben ser empoderados en los protocolos de auto-cuidado, a fin de convertirlo en una comunidad empoderada y comprometida con la bioseguridad”, indicó la consultora en el tema educativo.
Incluso, recordó que el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (Copeme) -el cual conforman varias organizaciones del país- entregó a Meduca el 28 de abril de 2020 una propuesta de protocolo de bioseguridad que fue tomado en cuenta para la elaboración del decreto reciente.
La consultora mencionó que en Panamá hay 887 escuelas con 25 alumnos o menos, por lo que un modelo híbrido que incorpore educación a distancia y presencial puede coadyuvar a mantener las medidas de distanciamiento social y lograr los impactos esperados.
Respecto al tema, Edy Pinto, miembro de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, espera que una buena parte de la población esté vacunada para esa fecha y que las escuelas se encuentren adecuadas para recibir a estudiantes y profesores. “Esperemos que el 31 las condiciones sean aceptables”, concluyó el educador.

