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MINERÍA

Milciades Concepción sobre la minería: el problema está en el seguimiento

Organizaciones ambientales vienen solicitando un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente en el tema minero, que responda al cuidado y conservación de los recursos naturales del país.

Milciades Concepción sobre la minería: el problema está en el seguimiento
Según el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, en el diálogo minero que impulsa el Ministerio de Comercio plantearon que todas las actividades económicas, entre ellas la minería, deben cumplir con la norma ambiental. Pastor Morales

Luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunciara la incorporación de más de 25 mil hectáreas entre Colón y Coclé al régimen minero, la ciudadanía esperaba el pronunciamiento de una entidad clave en este tema: el Ministerio de Ambiente.

En entrevista con este medio el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, subrayó que mantiene conversaciones con autoridades del MICI por el tema minero y que pese a la mala experiencia ecológica con el proyecto minero Molejón, bajo la responsabilidad de Petaquilla Gold, ellos no pueden rechazar nuevos desarrollos mineros para esa zona, siempre que cumplan con la ley.

En palabras del ministro, las 25 mil hectáreas incorporadas la semana pasada al registro minero eran viejas concesiones ya otorgadas, las cuales fueron devueltas al Estado porque sus anteriores propietarios las abandonaron o no las explotaron.

Usó como ejemplo, el proyecto minero Molejón donde el MICI decidió resolver la concesión que tenía Petaquilla Gold por unas 644 hectáreas y devolvió esas tierras al Estado debido al incumplimiento de la empresa en el pago de regalías, cuotas a la Caja de Seguro Social y daño ambiental al lugar.

Precisamente, se le cuestionó a Concepción si esa experiencia no era suficiente para rechazar cualquier otro proyecto allí y su respuesta fue que ellos deben actuar en base a la normativa ambiental y las demás leyes del país.

En ese contexto, enfatizó que los proyectos mineros no están prohibidos en Panamá y si al Ministerio de Ambiente le presentan una solicitud para establecer una actividad minera allí deben analizar la viabilidad ambiental del proyecto, a través de un estudio de impacto ambiental.

“La actividad minera no está prohibida. Para cualquier estudio de impacto ambiental de un proyecto minero en cualquier parte del país, si cumple toda normativa ambiental tenemos que aprobarlo, y si no cumple los rechazamos”, dijo.

Como se recordará en 2016 el Estado por medio del Ministerio de Ambiente tuvo que destinar casi $3 millones para evitar que las tinas de relave del proyecto Molejón se desbordaran y contaminaran el área.

Frente a esto, Concepción subrayó que el problema está en el seguimiento ambiental y la transparencia con la que se maneja ese seguimiento, no solo en la minería si no también en otras actividades como la construcción y la agricultura.

“Definitivamente el caso de las tinas de Molejón fue mal manejado y por el eso el Estado tuvo que intervenir, pero si se hubiese dado un seguimiento ambiental estricto eso no hubiera ocurrido”, puntualizó.

Además precisó que si una empresa obtiene la concesión de Molejón debe presentar un estudio de impacto ambiental nuevo, ya que el anterior fue anulado.

Sobre la apuesta de este Gobierno en el tema minero su posición fue el siguiente: “cualquier actividad económica que se desarrolle en el país tiene que cumplir las normas ambientales. Eso aplica para todas, incluyendo la minería”.

Amparo contra resolución del MICI

La Asociación de Derecho Ambiental que preside el abogado Donaldo Sousa presentó ayer un amparo de garantías contra la resolución No. 89 de 12 de mayo de 2021 emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y a través de la cual se incorpora al régimen de concesiones mineras una zona de 24 mil 954 hectáreas, entre las provincias de Coclé y Colón.

Según Sousa mientras en otras regiones del mundo se llevan a cabo esfuerzos para mermar la minería a cielo abierto, en Panamá, con la excusa de reactivar la economía, se está promoviendo esta actividad sin ningún tipo de diálogo o consulta. “Panamá posee una biodiversidad importante y con esta resolución se atenta contra nuestros recursos naturales.

Lo que estamos buscando es revocar esta resolución del MICI y frenar la minería a cielo abierto”, puntualizó. Por su parte, Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, sostuvo que esa acción legal es oportuna, ante la “arbitrariedad” e “irresponsabilidad” del MICI.

“Es muy grave que el MICI, de manera arbitraria y sin participación ciudadana, tome decisiones que afectan el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las personas a presente y futuro”, acotó la ambientalista.


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