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AMBIENTE

Una condena por afectar la bahía de Panamá

El humedal quedó ‘seriamente’ afectado con la extracción de arena y ‘su recuperación podría tardar muchos años’, concluyeron las tres magistradas del Segundo Tribunal Superior.

Una condena por afectar la bahía de Panamá
Una condena por afectar la bahía de Panamá

Una de las primeras condenas por daños a los humedales de la bahía de Panamá se concretó en agosto pasado. El Segundo Tribunal Superior Penal condenó a 2 años y 8 meses de prisión a 10 personas por extraer arena de la bahía en el sector de Pacora, en Panamá este.

A los investigados se les acusó de cometer delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento territorial. El Tribunal revocó un fallo del Juzgado Sexto Penal, que en principio los había declarado inocentes.

El fallo lleva las firmas de las magistradas Zaida Cárdenas (suplente), Cecilia Gutiérrez y María de Lourdes Estrada.

El caso

Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2015, cuando Jaime Joel Beitía Navarro, Rigoberto Flavio Ureña, Sergio Francisco Baloy, Francisco Javier Pineda, José Manuel Caballero Mejía, Eduardo Duque Navarro, Javier Sánchez Olderón, Antonio Duque, Euribiades Vega Mejía y José De León Rodríguez, los imputados, fueron sorprendidos por la Fiscalía de Descarga del Ministerio Público y por personal de los ministerios de Ambiente y Comercio e Industria, y del Municipio de Panamá, extrayendo arena “de manera ilegal” y sin permiso vigente.

Una de las pruebas que presentó la fiscalía fue un informe de la Dirección de Protección de la Calidad del Medio Ambiente, según el cual los procesados “estaban extrayendo arena para llenar un camión en la ribera del mar en el área del humedal bahía Panamá, por el acceso de Pacora, y se observó erosión en la ribera, árboles secos y tocones desraizados, lo cual determina una afectación al ambiente”.

Plan para proteger el área protegida

En julio pasado se informó que el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, gestiona con el Ministerio de Salud la recuperación de los fondos para la elaboración del plan de manejo del humedal bahía de Panamá. La decisión se tomó como parte de un convenio entre las dos entidades para concretar el plan de manejo, que vendría a ser un instrumento de gestión y protección del área protegida, creada con la Ley 1 de 2015.



Área protegida

La fiscal Darla Sanjur Santamaría, responsable del caso, también recordó que la resolución AG-0072-2009, de la entonces Autoridad Nacional de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, declaró como área protegida el humedal de la Bahía de Panamá y que a través de la Ley 6 de 1989 la Asamblea Nacional aprobó la convención Ramsar, sobre los humedales de Importancia Internacional.

Otro de los elementos que aportó la fiscalía como prueba del caso se basa en las inspecciones técnicas que hizo personal de los ministerios de Ambiente, Comercio e Industrias y del Municipio de Panamá, las cuales concluyeron que la afectación ambiental en el área podría tardar años para revertir los efectos de los daños ocasionados.

La sentencia

Estos hechos, y otros, fueron validados por las tres magistradas del Segundo Tribunal Superior, quienes en una sentencia del pasado 28 de agosto determinaron, entre otras cosas, que al Ministerio Público “le asiste la razón”, pues probó que los 10 imputados cometieron daños al ambiente.

Específicamente, degradaron recursos naturales en áreas protegidas.

Por tanto, revocaron el fallo del Juzgado Sexto Penal [de febrero de 2019] que los declaró libre de cargos.

En el documento, las magistradas también argumentaron que el humedal quedó “seriamente” afectado y “su recuperación podría tardar muchos años”.

También recordaron que los humedales son de vital importancia, ya que son lugares productivos por su diversidad biológica y fuentes de agua.

La amenaza

Este es solo uno de los casos que dejan en evidencia el estado de vulnerabilidad en el que siempre ha estado la bahía de Panamá. Por ejemplo, en un fallo fechado el pasado 11 de julio de 2019, el juez sexto penal suplente, Gabriel Carreira, declaró cerrado el expediente de una denuncia presentada en 2013 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), a raíz de una serie de rellenos y desarrollos inmobiliarios que supuestamente ponían en riesgo los humedales de la bahía de Panamá.

El juez Carreira alegó que se trataba de una denuncia similar a otra radicada en el Juzgado Séptimo Penal, también presentada por el CIAM y que fue archivada en 2018 por falta de pruebas.

La denuncia dejaba al descubierto cómo en los humedales de la bahía de Panamá se construían proyectos inmobiliarios que ponían en peligro la permanencia de los recursos naturales de gran importancia biológica en la zona.


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