El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial impuesta a Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
La decisión fue tomada como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en el alquiler de automóviles, en perjuicio de la Ampyme.
La defensa de Burillo había presentado un habeas corpus ante la Corte para que se desestimara la medida impuesta por el Juzgado Decimosexto Penal.