Luego de 10 días de audiencia, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó las medidas cautelares de detención preventiva a 52 personas arrestadas dentro de la operación Fisher, que dejó al descubierto una red criminal que colaboraba con el Clan del Golfo.
La defensa de los implicados apeló la decisión de la jueza de garantías Teodolinda Cardoze de ordenar las detenciones, pero el Tribunal Superior de Apelaciones estimó que existen riesgos de desatención al proceso, destrucción de pruebas y peligro para la comunidad, por lo que decidió respaldar la decisión de la jueza.
Durante la audiencia el fiscal de drogas Joseph Díaz alegó que los imputados constituyen un riesgo para la comunidad, ya que las conductas a las que se le vinculan constituyen peligro para la salud pública.
También alegó que se les imputan delitos graves con pena de prisión que superan los cuatro años.
En tanto, varios abogados defensores alegaron que la fiscalía no ha logrado establecer la existencia de una organización criminal y mucho de los implicados son personas trabajadoras y sin grandes ingresos. A la red, presuntamente liderada por Jorge Luis General, se le decomisaron $10 millones, varias residencias de lujo y 38 autos.
