El Decreto Ejecutivo 130, firmado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, obliga a desglosar en la escritura de compraventa de la propiedad el valor del terreno y las mejoras.
Los notarios deberán exigir esto como un requisito para protocolizar o elevar a escritura pública el traspaso de una propiedad.
Además, el Registro Público no hará ninguna inscripción relativa a un traspaso de una propiedad si no están desglosados estos valores.
La entrada en vigor del decreto será suspendida hoy a través de un nuevo decreto ejecutivo.
Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, anunció que se posterga la implementación de la medida para abrir un periodo de consultas. El texto será remitido a gremios empresariales, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Cámara Panameña de la Construcción.
El Ejecutivo recibirá las recomendaciones y, según De La Guardia, “si hay que hacer cambios, se harán”.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo ayer en una rueda de prensa que ha habido una “fabricación política”y que se ha tratado de “infundir temor entre los ciudadanos sobre falsas consecuencias negativas [del decreto], como que perderán sus casas”.
De La Guardia recordó que esta administración suspendió los procesos de reavalúo implementados por el gobierno de Ricardo Martinelli y que no se reanudarán. En la comparecencia de ayer participaron además representantes de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Dirección General de Ingresos (DGI), Registro Público y de la Asociación de Municipios de Panamá. Los funcionarios explicaron las implicaciones de los cuatro artículos que contiene el decreto.
QUÉ CAMBIA EL DECRETO
En la actualidad, cuando se vende una propiedad y se declara el valor de la compraventa, en la escritura no se desglosa cuál es el valor del terreno y cuál el de la mejora.
Carlos González, administrador general de la Anati, señaló que cuando esto sucede la Anati asigna un valor a cada parte de la propiedad. Con el nuevo decreto, el contribuyente hará el desglose de valores y las autoridades obtendrán la información desde la escritura.
La Anati “podrá verificar posterior a la inscripción de dichas escrituras que el desglose de los valores correspondientes a terreno y mejoras inscritos concuerden con la realidad del área geográfica de la respectiva finca. En caso de que el desglose inscrito no se ajuste al valor real de terreno y mejoras, la Anati podrá ajustar el desglose del nuevo valor inscrito”, señala el decreto.
El administrador de la Anati explicó que la autoridad no va a modificar el valor de la propiedad, que vendrá determinado por la escritura y lo que hayan acordado comprador y vendedor. Sí verificará que el precio asignado al terreno no sea inferior al que tenía previamente, ya que se ha detectado que esto es una práctica para evadir el impuesto de inmuebles que corresponde al terreno.
El terreno y las mejoras tienen un tratamiento fiscal distinto. Las exoneraciones del impuesto de inmueble a las nuevas propiedades aplican solamente a las mejoras, no al terreno. El terreno, a su vez, tiene una exoneración sobre los primeros 30 mil dólares de valor catastral.
Esta iniciativa “permite a la DGI y a la Anati aplicar la exoneración de la mejora y las reglas tributarias de manera correcta”, apuntó De La Guardia.
COMPARTIR INFORMACIÓN
El decreto exige además a los municipios que envíen a la Anati y a la DGI la información sobre los permisos de construcción y ocupación aprobados.
Con esta medida, se busca elevar el cumplimiento de una obligación que ya está registrada en el Código Fiscal: las mejoras que se hagan a una propiedad deben ser declaradas e inscritas.
Con el cruce de información, la Anati y la DGI podrán conocer qué mejoras se han hecho a las propiedades y recordar a los contribuyentes la obligación de registrarlas. Los contribuyentes que no declaran la mejora se exponen a una multa, según dicta actualmente el Código Fiscal.
El nuevo decreto establece que si el propietario de la finca que realice una modificación no actualiza las mejoras ante la Anati dentro de los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación, la Anati “podrá hacerlo de manera oficiosa”.
La DGI podrá compartir con los municipios la lista de inmuebles que se encuentran morosos por más de un año, con el propósito de ubicar a los propietarios y recordar que se pongan al día en el pago de los impuestos.
PROTESTA
¡Artículo saca plata!, ¡Varela no te metas con mi casa!, ¡Artículo quita casa!, fueron algunas de las consignas que corearon, al menos, 100 ciudadanos en contra del Decreto 130, durante una manifestación realizada en la cinta costera el pasado sábado. A la actividad asistieron jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad con bandera en mano, pancartas y hasta ollas.
Estos ciudadanos aseguran que la nueva normativa busca crear una base de datos entre el municipio y la Anati que contenga los permisos de construcción, ocupación, cambios de zonificación y uso de suelo para mantener un registro de los bienes inmuebles que existan dentro de la jurisdicción de dichos municipios.
A juicio de los manifestantes, esto permitirá determinar cuándo un usuario realice una modificación del inmueble y que si el usuario no la reporta a la Anati, entonces el decreto “otorga la facultad de actualizar de oficio el valor actual con dicha modificación sin autorización del usuario”. Indican, además, que el decreto es “ilegal”, porque sobrepasa el Código Fiscal.
Se repartieron comunicados que indicaban que el Gobierno, a través del artículo 69 de la Ley 66 de 2015 de la descentralización, “reintroducía los nefastos reavalúos que imponían una segunda hipoteca de por vida con impuestos impagables y que al no poder pagarlos conllevaba que te remataran tu vivienda, apartamento, terreno o finca”.
Los manifestantes insisten en que este decreto establece que la aplicación de los reavalúos por parte de la Anati “revaloriza y aumenta el costo de las propiedades, por ende, se aumenta el impuesto del inmueble también”.
Otro de los argumentos en contra de esta normativa es que la DGI no puede darle a ningún municipio información de los contribuyentes que estén supuestamente morosos, porque la información de los contribuyentes, según los detractores, es confidencial. Indican que esto representa “una especie de tercerización de la fiscalización y cobro del impuesto de inmueble”.
Además, consideraron que los municipios no pueden tener información de los contribuyentes del impuesto de inmueble, porque eso “escapa de su jurisdicción, ya que el impuesto de inmueble por ley es un impuesto nacional bajo la jurisdicción de la DGI”.
Al respecto, el director general de Ingresos, Publio Cortés, dijo ayer que por ley la DGI tiene la obligación de publicar las deudas de más de 12 meses de cualquier impuesto. “En los años anteriores se publicaron cuadernillos enteros con deudas y este año va a haber nuevas publicaciones. Esta es una situación que tiene antecedentes y un marco legal. El Decreto 130 dice que esa misma información se comparta con los municipios para que ayuden a ubicar a los propietarios”.
‘NO ES REAVALÚO’
Varios especialistas tributarios consultados por este diario coinciden en que el Decreto 130 no trata sobre reavalúos. Todos señalan que introduce novedades a la hora de registrar una nueva propiedad.
Los avalúos promovidos por la pasada administración sí establecían la revisión del valor catastral de todas las propiedades que estuviesen en determinadas áreas.
Ante los argumentos de los grupos detractores de la normativa, el abogado y especialista en temas inmobiliarios David Sucre explicó que “esto no es un reavalúo [...] acá lo que se establece es que el valor del terreno y de la mejora lo fija el contribuyente”, enfatizó.
“El decreto lo veo bien, es una comodidad del Estado, acá no se habla de revaluar [...] creo que cada vez que hablan de impuestos, y reitero que acá no se habla de subir impuestos, las personas se alarman”, dijo el jurista, quien destacó que el impuesto de inmueble en Panamá es uno de los más altos de la región.
Asimismo, aseguró que el Gobierno tuvo primero que aclarar ciertos temas antes de aprobar esta nueva norma. “Primero se tuvo que decir qué es lo que realmente representa el valor catastral, el valor del mercado y luego meterse en el decreto”, señaló.
El consultor fiscal Osvaldo Lau dijo que el decreto tiene la intención de “normalizar la situación que tenemos hoy en día en el sector inmobiliario, donde cada cual hace lo que quiere”.
Lau recuerda que “cuando se hace una construcción hay que solicitar un permiso y, una vez construida, se deben inscribir las mejoras. Muchas personas con el juega vivo hacen la obra y luego no declaran las mejoras”.
Aunque coincide con los otros expertos consultados en que este decreto no revive los reavalúos implementados por la pasada administración, Lau señala que cuando se concede a la Anati la potestad de actualizar las mejoras si no lo hace el propietario de la finca, no se determina el valor ni una fórmula para calcularlo. “No determina qué valor se le asignará, si es el valor del permiso de construcción, si es el valor de mercado. Esto lo deja en el aire”, dijo Lau, que considera que este aspecto se debería aclarar.
Por su parte, para el contador público y especialista tributario Rubén Bustamante, el decreto recuerda que las mejoras tienen que ser registradas y recurre a los municipios para obtener la información, con el objetivo de que Catastro y la Anati actualicen su base de datos.
“Lo que se está haciendo es poner orden”, dijo Bustamante, que puso el ejemplo de que si a una propiedad de 1 millón de dólares se le hace una remodelación de medio millón de dólares y no se reporta esa mejora, el contribuyente “esconde esa cantidad para el futuro impuesto de inmueble que debe pagar”.
