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FONDOS PÚBLICOS

Consultan al Procurador de la Administración viabilidad de mantener gastos de representación

Consultan al Procurador de la Administración viabilidad de mantener gastos de representación
Procurador Rigoberto González. Archivo

¿Cómo se define el concepto de gastos de representación?, ¿es viable mantener gastos de representación y dietas durante un estado de emergencia mientras los servidores públicos no estén ejerciendo plenamente sus funciones?, son interrogantes incluidas en una consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, fechada el 24 de junio.

La consulta fue realizada por el abogado y administrador público David Montenegro, titular de la Dirección de Carrera Administrativa entre los años 2014 y 2019, para quien es necesaria una explicación de si se debe mantener o no esta erogación, sobre todo si se toma en cuenta que la Contraloría General de la República ha dicho que “los pagos en gasto de representación, viáticos y dietas representan un gasto mensual de 358.4 millones de dólares”.

Debido a la pandemia de la Covid-19, en el país se han suspendido más de 245 mil contratos laborales en el sector privado, mientras el Gobierno sigue operando con una planilla de 233 mil 218 funcionarios, muchos de los cuales reciben gastos de representación.

En la consulta al Procurador, Montenegro recordó que dada la obligatoriedad de los funcionarios de cumplir con los reglamentos sanitarios en medio de la pandemia, el gobierno modificó los esquemas de trabajo y optó por tres modalidades: teletrabajo, disponibilidad inmediata y ausencia justificada por permiso retribuido recuperable.

De acuerdo con el abogado, estas modalidades podrían imposibilitar el ejercicio de forma personal , activa y recurrente de diversos cargos, por lo que “no se cumplirían los presupuestos legales que habilitan los privilegios inherentes a ciertas funciones, tales como el pago de gastos de representación”.

La urgencia de que los gastos de representación de los servidores públicos sean pausados en esta coyuntura es un clamor que ha puesto sobre la mesa la sociedad civil e incluso los presidentes de los seis partidos políticos del país.

De hecho, el pasado 19 de junio, en una reunión entre los jefes de los partidos y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el tema fue consultado, pero se les informó a los jefes de los colectivos que no se había tomado medida al respecto.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el retorno de los funcionarios debe ser de forma “gradual” a partir del 22 de junio. Pero no todos volverán a sus puestos físicamente, debido a que por el alto grado de contagio del coronavirus se estableció que el máximo de funcionarios por entidad debe ser de 30%.

Dentro del 30% de quienes retornarán a sus puestos “estarán los del comité de prevención de salud e higiene que debe tener cada entidad”. Ese grupo medirá el proceso de incorporación, siguiendo los protocolos del Minsa, explicó en su momento Osvaldo De La Guardia, director de la Carrera Administrativa.


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