El Estado peruano decidió que no volverá a contratar a la constructora brasileña Odebrecht y le obligará a cumplir con sus deudas antes de transferir sus recursos al exterior, anunció el pasado 13 de febrero el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
El mandatario, en un mensaje televisado al país, detalló las medidas tomadas contra empresas que aceptaron ser culpables en actos de corrupción o fueron condenadas por delitos de este tipo. Según Kuczynski, el caso Odebrecht “es el más grande, pero no es el único”.
En ese sentido, también anunció que empresas como Odebrecht, cuyos responsables admitieron haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, deberán pedir permiso al Gobierno para vender sus activos, y ese dinero irá a un fondo que garantice el pago de la multa que le imponga la justicia.
Otra medida será la inclusión en todos los contratos del Estado de una cláusula anticorrupción, de modo que la concesión de cualquier proyecto se pueda cancelar si se comprueba que la empresa o consorcio incurrió en delitos de corrupción para obtener la licitación.
