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Maribel Cornejo y Carlos Vásquez, ponentes en demanda contra las reformas electorales

Maribel Cornejo y Carlos Vásquez, ponentes en demanda contra las reformas electorales
Maribel Cornejo Batista. Archivo

En manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Vásquez Reyes y Maribel Cornejo Batista, quedaron las demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas por diputados y magistrados del Tribunal Electoral (TE) contra la Ley 247 del 22 de octubre de 2021, que reforma el Código Electoral.

Cornejo se ocupará de analizar la primera demanda que presentaron las diputadas Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático; Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático, y Yesenia Rodríguez, del Partido Panameñista, el pasado 26 de octubre, contra cuatro artículos de la mencionada ley. Fuentes del Órgano Judicial contaron que la magistrada ya pidió opinión al procurador de la Administración, Rigoberto González.

Mientras que Vásquez tendrá la ponencia de las demandas presentadas por los diputados de la bancada independiente Gabriel Silva, Raúl Fernández, Juan Diego Vásquez y Edison Broce, así como la presentada por los magistrados del Tribunal Electoral: Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá, las cuales fueron acumuladas, según el Edicto No. 1566 del 20 de diciembre de 2021.

Las tres demandas coinciden en artículos relacionados a la paridad de género y al financiamiento electoral. En total, suman 14 los artículos que posiblemente riñen con la Constitución.

Por ejemplo, la demanda presentada por los diputados de la bancada independiente y por el TE señala el artículo 44 de la Ley 247, que establece que el 7% del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se asignará a los candidatos por la libre postulación, mientras que el artículo 46 señala que el 93% de ese monto se asignará a todos los partidos políticos.

Los independientes consideran que esto infringe el artículo 141 de la Constitución, el cual señala, entre otras cosas, que se debe asegurar la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato. Mientras que los magistrados aseguran que existe una “inequitativa” distribución de ese recurso.


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