¿Cumple el gobierno con los compromisos suscritos para erradicar la corrupción? ¿Se fortalece la gobernabilidad democrática? ¿Hay transparencia y acceso a la información? ¿Se respeta la libertad de expresión? ¿Se conoce quiénes donan a los candidatos? ¿Hay rendición de cuentas de las compras de la pandemia o estrategias para evitar la corrupción en las obras y compras públicas? ¿El país coopera con otras naciones para el combate al cohecho, el soborno, el crimen organizado y el lavado de activos?
Las respuestas a estas interrogantes estarán disponibles en el Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC), una iniciativa que fue lanzada ayer a través de un evento virtual.
Se trata de un proyecto que impulsan la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad), el Foro Ciudadano de las Américas y los capítulos de Transparencia Internacional (TI) de distintos países.
Cada capítulo monitoreará y evaluará a sus gobiernos con base en las citadas preguntas. En Panamá, la tarea estará en manos de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, y otros actores sociales.
Los resultados serán plasmados en un informe que será presentado al Ejecutivo y a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El OCC es uno de los compromisos acordados por los países en la última cumbre de las Américas (Lima, Perú, 2018). Se entrenará a ciudadanos y a personal de organizaciones no gubernamentales para hacer parte del monitoreo, así como la difusión e incidencia del programa, entre otros.
“El Observatorio servirá de plataforma de software libre para implementar procesos de investigación, formación e incidencia en temas relacionados con lucha contra la corrupción, transparencia y fortalecimiento de la democracia”, dijo Enrique De Obarrio, coordinador general de RedLad.
Durante la presentación del proyecto, De Obarrio destacó que la corrupción genera “índices altísimos de pobreza”, fenómeno que, agregó, se ha incrementado este año por la pandemia. Para su combate la ciudadanía tiene un rol clave. “En todas las democracias de la región, por imperfectas que sean, existe el derecho al control social, que es ejercido de manera permanente por un puñado de personas y organizaciones. Sin embargo, es necesario que ese puñado se convierta en una gran mayoría muy consciente de que proteger las instituciones y vigilar el gasto público son [medidas] esenciales para el fortalecimiento del sistema político y democrático”, indicó.
Delia Ferreira, presidenta de TI, dijo que el OCC llega en momentos en que los discursos y compromisos ya no son la solución en materia anticorrupción.
También habló de los “contratos Covid”, en referencia a las contrataciones de los gobiernos debido a la pandemia. “Se realizaron [contrataciones] con relación a insumos, tratamientos, test, máscaras, hospitales para montar rápidamente. Todas esas contrataciones, en muchos de nuestros países, estuvieron afectadas por corrupción, conflictos de interés o pagos adelantados que se hacían sin ningún tipo de respaldo”, dijo.
Asimismo, Ferrara profundizó sobre el retroceso en materia de investigaciones judiciales y sanciones a la corrupción. Resaltó que importantes casos judiciales han sido anulados en varios países mediante el uso de herramientas jurídicas, y en otros los procesos no avanzan. Se está observando “una politización de la lucha anticorrupción”, manifestó.
En el acto no se abordaron casos específicos de países. Sin embargo, es importante resaltar que la iniciativa surge cuando en Panamá se han desestimado, en menos de tres meses, por lo menos dos casos en los que se investigaban supuestos actos de corrupción que vinculaban a exfuncionarios de alto perfil y empresarios.
En septiembre pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acogió un recurso del Ministerio Público para anular la sentencia de un tribunal que absolvió a los procesados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos asignados al proyecto Riego de Tonosí. Lo mismo ocurrió en el caso relacionado con un préstamo que otorgó la Caja de Ahorros.