El fallo que negó la admisión del amparo contra la orden de la jueza Elkis Martínez, que censuró a este medio y a sus periodistas, para la supuesta protección de una víctima en un caso de calumnia e injuria, ha devuelto al país a la época más oscura de la dictadura militar.
En un ejercicio de arrogancia y autoritarismo la mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia opinó que la censura está fundamentada en el Código Procesal Penal. Esto abre la puerta a todos los interesados en callar a los medios y silenciar a los críticos para que invoquen al mencionado código.
El fallo de la Corte rompe con lo que había sido su tradición de los últimos 31 años de proteger a la libertad de expresión, lo que no es accidental, ya que la orden de censura de la jueza Martínez prohíbe a La Prensa investigar y publicar sobre un posible caso de corrupción que involucra a la propia Corte.
De esta forma la impunidad pretendida con este fallo cercena un derecho humano de todos los panameños.
