Panamá no ha hecho lo necesario para garantizar los derechos humanos de los migrantes que están en los albergues La Peñita y Lajas Blancas, en Darién. Tampoco tiene un plan para mitigar el contagio de la Covid-19.
Estas son algunas de las conclusiones de la audiencia pública virtual que celebró ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para revisar las medidas de protección a los migrantes en medio de la pandemia, a solicitud del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
En esa diligencia, también se concluyó que el país debe poner en marcha un mecanismo de prevención provisional para garantizar los derechos de estas personas.
En mayo pasado, la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, dio a conocer las medidas, algunas de las cuales son: reducir el hacinamiento para respetar el distanciamiento social y así prevenir el contagio del virus; adoptar medidas para prevenir el riesgo de violencia y, en particular, aquella de carácter sexual a la que están expuestas mujeres, niñas y niños migrantes.
Además, establecer protocolos para la prevención del contagio de la Covid-19 y la atención de personas infectadas, de acuerdo con las pautas recomendadas.
Las medidas se amparan en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hasta el pasado 25 de junio, Cejil contabilizó 1,700 migrantes en los dos albergues, 468 de ellos son niños en condiciones precarias.
Federico Alfaro Boyd, viceministro de Relaciones Exteriores, en representación de Panamá, dijo entre otras cosas que por motivos de la pandemia muchos países cerraron sus fronteras para evitar que se expanda el virus y que un solo país no puede afrontar el reto individualmente.
Igor Pittí, viceministro de Seguridad, acotó que en el albergue de Lajas Blancas se han adoptado medidas para atender a los contagiados con la Covid-19.