Pese a que como presidente de la Asamblea Nacional (AN), Rubén De León, firmó y autorizó en 2016 la entrega de cheques en concepto de “servicios profesionales” en el Legislativo, a nombre de personas que ni siquiera sabían que se usaba su firma para ello, la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no encontró mérito para investigar al hoy diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Siete de los nueve magistrados concluyeron que el expediente, que se originó en 2018, cuando una mujer denunció que falsificaron su firma para hacer el contrato espúreo, no detalla bien los hechos y no aporta la llamada prueba idónea.
Esta posición, sin embargo, fue refutada en sus respectivos salvamentos por las magistradas María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo Batista.
Adjuntos
Lea aquí el fallo.pdfCSJ archiva caso de las planillas de Rubén De León
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) archivó una denuncia contra el actual diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Rubén De León, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública a través de la planilla de contratos por servicios profesionales otorgados por la Asamblea Nacional (AN) cuando este presidió este órgano del Estado (2015-2016 y 2016-2017).
En un fallo del pasado 23 de diciembre, los magistrados Olmedo Arrocha (ponente), José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Ángela Russo, Carlos Vásquez Reyes, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega concluyeron que no había suficientes elementos para investigar a De León. Pero sus colegas María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo Batista salvaron su voto alegando que sí se podía procesar a De León.
El origen y el contexto
La Fiscalía Anticorrupción, que remitió el expediente en marzo de 2021 a la Corte por ser este el tribunal competente cuando se menciona a un diputado, inició las pesquisas por una denuncia que el 2 de agosto de 2018 presentó Zamira Chong Massoud.
Según la denunciante, siendo empleada de un banco privado, se enteró, por su jefa, que su nombre aparecía como suscriptora de un contrato de trabajo en la AN en 2016, el cual se podía leer en la página web de la Contraloría General de la República, que lo había hecho público.
Hay que recordar que en 2015 y 2016 los contratos por servicios profesionales en la AN estaban en el ojo de la tormenta. Y es que ese año en el renglón de funcionamiento por estos contratos se asignaron $13 millones. Un año después, la cifra subió a $57 millones. La Contraloría, en ese momento liderada por Federico Humbert, mantenía una pugna con el Legislativo porque los diputados no justificaban estos gastos.
Chong Massoud declaró ante las autoridades que probablemente le habrían falsificado la firma porque, además, ella ni siquiera estaba inscrita en un partido político. De hecho, muchos de los beneficiados de estos contratos eran activistas políticos, especialmente de diputados.
Consta en el expediente que Cecilia García, quien fue jefa de contratos de la AN entre 2011 y 2019, aportó que el contrato de Chong se hizo por instrucción de la Presidencia de la AN, a través de Teófilo Gálvez, asistente ejecutivo del diputado del circuito 9-1 (Santiago) y en ese momento presidente del Legislativo, Rubén De León. Pero había otro contrato a favor de Chong, de principios de 2016. En total, los dos contratos sumaban $17,700. Su “cargo”: “asistente administrativo II”.
Algo similar le pasó a Maritzel Carmen Amores Miranda, quien laboraba en una boutique propiedad de Rubiela Pitano de Massoud.
Peritos del Ministerio Público corroboraron que las firmas verdaderas de estas mujeres no aparecen ni en los contratos ni en los cheques.
Gálvez, por su parte, aportó documentación que demuestra que De León lo autorizó a retirar los cheques.
Sospechosamente, los cheques terminaban en las cuentas bancarias de Rubiela Pitano de Massoud.
Consta también una confesión de un particular. Se trata de Walid Massoud Salomón, esposo de Pitano. “Fui yo la persona que conseguí ese contrato diciendo que era para mi sobrina, pero realmente fui yo quien se benefició de los cheques, además lo deposité en la cuenta de mi esposa sin su consentimiento”, dijo, tras señalar que esta situación le trajo muchos problemas familiares.
Pero los problemas no solo fueron de esta familia por sus implicaciones legales.
Una vez que el PRD llegó al poder, el 1 de julio de 2019, y De León asumió como diputado del Parlacen, Pitano fue nombrada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como directora general de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Pero el 29 de julio se vio obligada a renunciar.
El fallo y las objeciones
Pese a toda esta relación de hechos, los magistrados dijeron que “no se aprecia una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido en relación a la posible comisión de un delito contra la administración pública y la posible participación del diputado del Parlacen, De León, pues la única referencia utilizada gira en torno a la participación y sus funciones administrativas como presidente de la Asamblea Nacional”.
Según este grupo de magistrados, el caso de la sobrina de Walid Massoud y de la empleada de su esposa no evidencia vinculación de De León, sino que apunta a terceras personas, como es el caso de Pitano, a quien el Ministerio Público le formuló cargos por el presunto delito contra la fe pública.
No todos estuvieron de acuerdo. La magistrada Cornejo Batista, por ejemplo, señaló que el expediente deja claro que los cheques se pagaron sin que brindara el servicio a la institución que dirigía De León. Alega que sí se cumple con los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del Código Procesal Penal (relación de hechos y la prueba idónea).
Por su parte, López Arias ahondó más. Dijo que las circunstancias, tiempo y lugar de los hechos están claros. Además, de que es evidente que los servicios que supuestamente prestaría Chong guardan relación con el circuito 9-1, “ya que los informes “eran rendidos para el diputado y no para el Presidente de la Asamblea”.
