La Corte Suprema de Justicia de El Salvador extendió ayer el plazo para que el Congreso apruebe, a más tardar en febrero, una ley de reconciliación por los crímenes cometidos en la guerra civil, entre 1980 y 1992, que dejó unos 75 mil muertos y, al menos, 7 mil desaparecidos.
“La Sala Constitucional considera procedente otorgar un plazo adicional para que la Asamblea Legislativa emita, a más tardar el 28 de febrero de 2020, una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas”, dijo la CSJ en un comunicado.
El plazo venció el 13 de noviembre y por ello los diputados pidieron una prórroga.
En tanto, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, de visita en San Salvador, urgió al Congreso a aprobar una ley “con estándares interamericanos” de justicia.