El pleno de la Corte Suprema de Justicia tramita unos nueve recursos presentados contra los decretos ejecutivos emitidos por el Ministerio de Salud y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a raíz de la pandemia de Covid-19, sin que a la fecha exista un pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones de las autoridades.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, aseguró que esta situación demuestra que el sistema de justicia ha colapsado y que los magistrados de la Corte se han quedado sin capacidad para dar respuestas a recursos que, según la ley, deben ser resueltos en días por la posible violación de garantías constitucionales.
Araúz estimó que en la Corte existen cientos de amparos de garantías y demandas de inconstitucionalidad que tienen meses e, incluso, años sin ser resueltos y que ello provoca un estado de indefensión entre quienes buscan un árbitro ante posible situación de ilegalidad o abuso de poder.
Aseguró que con la pandemia de la Covid-19 se ha evidenciado el rezago judicial en la Corte Suprema, ya que con menos personal se hace más difícil resolver los recursos que se presentan, lo que en la práctica significa el colapso del sistema.
Mientras que el abogado Ernesto Cedeño aseguró que la Corte debe controlar la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo y, al no hacerlo, se ha perdido el contrapeso entre los órganos del Estado.
Cedeño recalcó que la Corte sólo ha admitido uno de los amparos presentados contra decretos expedidos por la Autoridad para Innovación Gubernamental para la aplicación de salvoconductos a los abogados, pero que se desconoce la suerte del resto de los amparos e inconstitucionalidades interpuestas.
En total, según datos recopilados por este medio, son 9 recursos (ver gráfica).
En tanto, el exprocurador Rogelio Cruz reconoció que el pleno de la Corte generalmente es muy lento al resolver este tipo de recursos, por la multiplicidad de casos y problemas internos que los magistrados deben atender.
Entre las garantías afectadas por los decretos sanitarios, según ha dicho el abogado Carlos Ernesto González Ramírez, están la libertad de tránsito, de reunión, el derecho al trabajo y a la propiedad privada.