Cuatro días tendrán los diputados para discutir y hacer los cambios al proyecto de ley 287, que introduce una moratoria de 90 días en el pago de compromisos financieros, comerciales, de vivienda y otros.
El anuncio lo hizo ayer el presidente Laurentino Cortizo, en medio de los cuestionamientos de diputados y ciudadanos que señalaban que había incumplido su promesa de convocar a sesiones extraordinarias para atender proyectos ligados a la emergencia sanitaria.
“Conforme a mi compromiso anunciado al país el día 4 de mayo de llamar a sesiones extraordinarias para el trámite del veto de la Ley de Moratoria, anuncio la convocatoria a la Asamblea Nacional del 15 al 18 de junio del presente”, escribió Cortizo en Twitter. Justo en ese momento, el Presidente mantenía una reunión virtual con los presidentes y secretarios de los seis partidos políticos del país.
Cortizo vetó el pasado 4 de mayo el proyecto de ley 287, que fue impulsado por su copartidaria Zulay Rodríguez. El mandatario consideró como “inconvenientes” los artículos 2, 3, 4 y 7, pero también señaló como inexequibles los artículos 4 y 7.
El artículo 2 establece una moratoria de tres meses que empezaría a contar en marzo pasado, sobre todos los préstamos hipotecarios, personales, comerciales y a jubilados, así como tarjetas de crédito otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras.
No obstante, el mandatario advirtió en su informe de veto parcial que la redacción de dicho artículo es “amplia” y que suspende el cumplimiento de obligaciones como las antes mencionadas.
Alegó que tampoco se estableció en el proyecto que dicha suspensión beneficia solo a aquellos ciudadanos afectados por la pandemia. El no plantear este requisito, a juicio del Ejecutivo, podría generar la falta de pago de un número indeterminado de obligaciones personales y comerciales por parte de los deudores, lo que se traduciría en una significativa merma de ingresos en las instituciones financieras.
Además, señala que la suspensión total implicaría la afectación, de manera directa, de los depositantes y ahorristas, y conllevaría, de manera inevitable, la suspensión y terminación de contratos laborales y el riesgo de un posible cierre de instituciones financieras que afectaría la recuperación económica del país y el empleo.
Sobre la suspensión en los términos de cánones de arrendamiento de oficinas, locales comerciales y habitacionales, Cortizo planteó que eso es una materia que le compete al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y pidió que el artículo fuese eliminado.
La reunión
Ayer, en una reunión virtual con los presidentes de los partidos políticos, Cortizo abordó temas de salud, economía y educación.
Además, les anunció que desde el 1 de julio el Bono Solidario será aumentado de $80 a $100 mensuales, de acuerdo con la apertura de nuevos bloques económicos, la reincorporación de trabajadores suspendidos y el estado de las finanzas públicas.
Según el mandatario, el aumento complementa los programas sociales vigentes, como Red de Oportunidades, Beca Universal, 120 a los 65, Ángel Guardián y subsidio a la electricidad.