A un mes de cumplir el primero de sus cinco años como Presidente y con la pandemia del coronavirus condicionando muchos de sus planes de gobierno, Laurentino Cortizo visitó el diario La Prensa.
Habló de cambios en su Gabinete, la inminente reelección presidencial y el llamado a sesiones extraordinarias en la Asamblea; el eventual diálogo por el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS); las divisiones en su partido y su conversación telefónica con Donald Trump; entre otros temas.
“En mi vida política, no hay nada, pero nada cerca que se compare a lo que uno ha vivido internamente en estos meses. Ni los tres intentos míos de primaria ni las conspiraciones contra mis aspiraciones… Nada. Estos meses han sido difíciles. Esto no lo puedes manejar si no tienes una fuerza espiritual fuerte”, dijo Cortizo, 82 días después de que su Gabinete declarara el “estado de emergencia nacional” por la pandemia. No invocaron el estado de urgencia, contemplado en el artículo 55 de la Constitución, porque “ahí ya estás hablando de libertades”.
“A mi me interesa tener un gobierno transparente, cero corrupción, por supuesto, pero nos interesa que los casos de corrupción sean castigados y sean investigados. Donde hay un caso de corrupción y hay pruebas, es importante que se presenten, porque nos ayudan”, señaló.
Reconoció que está “contemplando” algunos cambios en su Gabinete y hacer “ajustes” en toda la estructura del Gobierno. Aunque no precisó nombres ni instituciones, dejó claro que los ministros de la Presidencia y de Obras Públicas, José Gabriel Carrizo –que además es vicepresidente de la República– y Rafael Sabonge, respectivamente, se quedan en sus puestos.
“Creo en el debido proceso y la presunción de inocencia, y a mí no me gusta señalar a nadie si no tengo pruebas. A esos dos ministros [Carrizo y Sabonge] no los voy a cambiar. A mí me enseñaron a respetar esos dos derechos. En el caso del ministro de Obras Públicas, a quien aprecio, ese es un tema que está en el Ministerio Público. Estoy seguro que él puede venir a este medio a explicar la importancia de tener un hospital modular, preparado en caso que se tenga que utilizar. Otros países en la región no han construido uno, sino varios. Quisiéramos no usarlo, pero la decisión de construir ese hospital fue del presidente de la República”, indicó.
Sabonge gestionó la construcción –en un mes– del hospital modular Panamá Solidario, que costó $6.9 millones, sin equipos. La obra fue entregada el 16 de abril pasado y, desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio y el procurador de la Administración, Rigoberto González, ha recibido dos denuncias contra Sabonge: una, porque rechazó una propuesta de un consorcio chino para acondicionar el centro de convenciones de Amador en un hospital temporal, de mil camas; y otra, por el supuesto uso de estructuras de segunda en la construcción del hospital.
En varias ocasiones, La Prensa ha llamado a Sabonge, pero el ministro no ha querido responder a los requerimientos de este diario. Cortizo, no obstante, dice que Sabonge “está en la mejor disposición de llegar a cualquier medio [de comunicación] y explicar”.
Cortizo advierte que él sí se ha “sentado” con Sabonge “y me ha dado una serie de explicaciones”.
“El tema, por ejemplo, del hospital chino… Una cosa es tener un centro de convenciones y dividirlo con camas, y otra cosa es tener un hospital preparado con unidades de cuidados intensivos”, y recordó que dos días antes de anunciar la construcción del hospital modular, en un terreno prestado en Albrook, recibió un informe del Imperial College de Londres y llamadas del presidente colombiano Iván Duque y el médico infectólogo Xavier Sáez-Llorens, en el que le advirtieron que la proyección para Panamá era de 120 mil muertos por coronavirus.
También hizo referencia a un informe del doctor Julio Sandoval, coordinador del Comité Asesor del Ministerio de Salud (Minsa), en el que se calcula que Panamá necesitaría de 970 a 5 mil camas en cuidados intensivos. “En ese momento, nosotros no llegábamos ni a 400”, precisó.
“Para mí, eso fue como un escalofrío… Dios quiera no tengamos que usar el hospital modular. Sin embargo, te puedo decir que ese hospital se va a usar pronto, por algunas circunstancias que ya se están dando en el área metropolitana del país”.
Contó que en una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que le donara 300 ventiladores. Trump acordó que serían 50 ventiladores “de transporte, que son útiles para movilizar, traslados y para centros de salud en áreas lejanas”.
Aunque se pronostica una contracción del 2% del PIB –la primera en 31 años de crecimiento–, Cortizo se muestra optimista. “La nueva ley de contrataciones públicas nos ayudará a ser más ágiles”, y tiene ya dos proyectos en mente a desarrollar bajo el régimen de Asociación Público Privada (APP), los cuales no precisó. “En el segundo trimestre de 2021 veremos cómo vamos avanzando como país”, anticipó.
Sobre la Asamblea Nacional, dijo no estar “preocupado” por una eventual reelección de Marcos Castillero como presidente de ese órgano.
“No me voy a meter. Si me meto, es para un tema que tenga sentido, pero no para una elección”, y dijo que tampoco sigue las transmisiones del hemiciclo. “Lo que se dice en incidencias… bajo el volumen. Ni lo veo”.
Todavía no sabe cuándo será el llamado a sesiones extraordinarias para discutir el veto al proyecto de ley 287. “Ese proyecto es inexequible, pero además tiene otra cosa: ahí se hablaba de un bono de $300 al mes [para los trabajadores a los cuales se les ha suspendido temporalmente su contrato laboral, por el coronavirus]. Si agarras un millón de personas, son $300 millones; por siete meses, son $2,100 millones. ¿De dónde se agarra eso?”, se preguntó. Actualmente, hay 621 mil 792 trabajadores que reciben bono solidario.
No le preocupan las divisiones en su partido, el PRD, ni la militancia que puedan tener algunos diputados “rebeldes”. “No voy a estar confrontándolos. Puedo tener otro método, que me ha dado resultado”, indicó.
En cuanto al llamado a un diálogo por la CSS –un compromiso que adquirió ante la Asamblea el pasado 2 de enero–, todavía no hay fecha para eso. Está en desacuerdo con el “manejo” del director Enrique Lau Cortés, que hace un mes solicitó a la junta directiva de la CSS autorización para vender en el mercado secundario bonos del subsistema del programa Invalidez, Vejez y Muerte, hasta por $1,100 millones.
“Eso fue un fallo. Debe tener un manejo político. Vender ahora mismo bonos no es malo, es bueno. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora mismo, lo que más nos interesa es la liquidez. La cuota obrero patronal, todos los ingresos han caído… Pero cuando comiencen a entrar los bloques, puede que entre algo”.