El proyecto de ley 102, que concede un descuento de 25% en alimentos y enseres para niños de hasta tres años de edad, fue vetado por el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo.
El mandatario argumentó que la propuesta legislativa es inconveniente e inconstitucional.
La iniciativa, impulsada por la diputada perredista Zulay Rodríguez, plantea descuentos en los productos de limpieza, alimentos, médicos, entre otros.
Sin embargo, un informe que envió Cortizo a su copartidario Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional, destaca que hay elementos en este proyecto de ley que ya están regulados por otras normas.
Sobre este aspecto, manifestó: “me permito observar que algunos de los productos y/o servicios enlistados ya constituyen materia sobre la cual ya se ha legislado a través de la Ley 50 del 23 de noviembre de 1995, por la cual se protege y fomenta la lactancia materna en Panamá”.
Igualmente, Cortizo cuestionó el artículo 4 de la iniciativa legislativa. Esa disposición señala que para hacer efectivo los beneficios se tendrá que presentar la cédula juvenil expedida por el Tribunal Electoral.
El presidente también planteó que el artículo 1 del proyecto, que fija el descuento, infringe los artículos 298 y 284 de la Constitución. El artículo 298 señala que el Estado velará por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que garanticen estos principios.
Como observaciones finales, el mandatario dejó claro que si bien el proyecto tiene objetivos a favor de la niñez, en la actualidad el Estado ejecuta el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del bono para la compra de alimentos, que beneficia a la primera infancia.
Indicó que también se asignan partidas presupuestarias al Ministerio de Desarrollo Social dirigidas a fortalecer al Plan de Atención Integral a la Primera Infancia, el cual contempla la atención de salud, controles de crecimiento y vacunación, entre otros, garantizando con ello la atención a ese sector de la población.
Finalmente, advirtió que el proyecto no obedece a un estudio económico y social que justifique tal medida, y que podría ocasionar distorsiones en el mercado que incluso, a su vez, podrían propiciar al desabastecimiento de tales productos, situación que afectaría a la población que se pretende beneficiar.
