El señalamiento del jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la Asamblea Nacional, Ricardo Torres, de posibles “vicios de inconstitucionalidad” en el proyecto de ley para reducir salarios y gastos de representación de altos funcionarios del Ejecutivo, fue ampliamente criticado.
El proyecto está en segundo debate, y no hay apuro por su aprobación.
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que la decisión de los diputados evidencia una falta de solidaridad y empatía, especialmente hacia los 242 mil panameños a los que se les ha suspendido su contrato de trabajo o aquellos que han visto reducir sus ingresos por la pandemia de la Covid-19.
“No es la primera vez que el país tiene que enfrentar una crisis como la que estamos viviendo. Ya el gobierno de Guillermo Endara [1989-1994] tomó la medida de ajustar los ingresos de ministros y funcionarios con salarios altos después de la invasión, por lo que la Asamblea debe aprobar con urgencia la propuesta del Ejecutivo”, señaló Lee.
Torres dijo el pasado jueves 6 de agosto que el proyecto presentado por el vicepresidente de la República, José Gabriel Garrizo, el 15 de julio y que permitiría la reducción de entre 25% a 50% en salarios y gasto de representación de funcionarios de alta jerarquía, tendría “visos de inconstitucionalidad”.
La bancada del PRD, con 35 de los 71 diputados, es la que decide cuándo se le daría segundo debate a la iniciativa.
El ajuste salarial, según el proyecto 356, solo sería por seis meses.
En los cinco primeros meses del año, el gasto en planilla estatal creció $101 millones, en comparación con el mismo periodo de 2019. Solo en mayo de 2020, el gasto en salarios fue de $375.2 millones, $29 millones más que los $346.2 millones pagados en mayo de 2019.
Carlos Barsallo, de Transparencia Internacional (Panamá), recordó que este también es un tema de voluntad para hacer las cosas, ya que si un proyecto se considera importante, se tramita rápido, como ha ocurrido en innumerables ocasiones.
Aseguró que, en general, se envía un mensaje contradictorio, porque para suspender las garantías fundamentales no se ha requerido acudir a la Asamblea Nacional, pero, en cambio, para afectar el salario de un grupo específico de funcioarios, sí se esgrime este argumento. “Todos deben gozar de las mismas protecciones y derechos”, señaló.
Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo que si bien la crisis demanda la solidaridad de todos, esta situación tiene un componente de voluntad personal.
“No se puede obligar a una persona a cooperar si no quiere. Tanto funcionarios, como miembros de la empresa privada, tienen obligaciones”, señaló.
Agregó que lo verdaderamente importante para maximizar los recursos públicos en estas circunstancias, es que el país se asegure de que cualquier acto que impulse el Gobierno lo haga de forma transparente, “que no haya discrecionalidad” y que se pueda, en un momento dado, “reducir la excesiva burocracia, la corrupción, cotizaciones infladas y sobreprecios”.
Eso, sustentó, es mucho más importante que obligar a un funcionario, a un trabajador o a un empresario, a donar parte de sus ingresos.