Un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión de la Contraloría de no refrendar el pago de la planilla 080 a los diputados de la Asamblea Nacional.
Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Sala Tercera de la Corte avaló la decisión del contralor, Federico Humbert, de declarar no viable el refrendo de los pagos de la citada planilla, que involucraba la contratación de personal por servicios profesionales y de carácter temporal en la Asamblea Nacional.
La decisión se produce al resolver un recurso presentado por la Asamblea en 2018, bajo la presidencia de Yanibel Ábrego, para establecer la validez de la actuación de la Contraloría, que había detectado mediante auditorías, irregularidades en el manejo de esta planilla.
Batalla
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró que no es viable jurídicamente el refrendo del pago de la planilla de personal de confianza de los diputados de la Asamblea Nacional (partida 080).
En un edicto colgado en el mural de la sede de la Sala Tercera de la Corte se detalla que el fallo, con fecha del pasado 6 de diciembre de 2019, favorece la decisión de la Contraloría General de la República de no refrendar el desembolso de los pagos referentes a dicha planilla.
El fallo de la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, sustenta que no es jurídicamente viable el refrendo de los pagos a los funcionarios dentro de esa planilla.
En 2018, la Asamblea Nacional, entonces presidida por Yanibel Ábrego, a través del abogado Carlos Carrillo, presentó una solicitud para que la Sala Tercera valorara la viabilidad jurídica del pago de dicha planilla, luego de que el contralor, Federico Humbert, negara el desembolso de dichos recursos.
En este proceso, Humbert aportó como prueba un informe de la Contraloría en el que se fundamenta la medida de suspensión, a raíz de una serie de irregularidades encontradas sobre algunos funcionarios que aparecían laborando en la Asamblea Nacional, pero eran familiares de los diputados.
El 5 de junio de 2018, la planilla 080 fue suspendida por orden del contralor.
Dicha suspensión se hizo debido a que las pesquisas efectuadas por la Contraloría revelaron serias irregularidades. Por ejemplo, que algunas personas fallecidas cobraban cheques.
El recurso presentado por Carrillo se basó en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984 (orgánica de la Contraloría), que establece que “la Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida”.
El citado artículo también detalla que una vez rechazado el pago, el funcionario o entidad afectada puede insistir en un refrendo ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte.
Tras los hallazgos de las auditorías sobre el manejo de las planillas, el contralor Humbert presentó varias denuncias ante la Corte Suprema de Justicia en contra diputados de diferentes bancadas por el supuesto manejo irregular de estos fondos.
Entre los denunciados figuran los miembros del Partido Revolucionario Democrático Rubén De Léon, Leandro Ávila, Felipe Vargas, Athenas Athanasiadis. Mientras que de Cambio Democrático denunció a Marilyn Vallarino, Mario Miller y Aris De Ycaza.
También denunció a Francisco Alemán, del Movimiento Liberal Repúblicano Nacionalista (Molirena), y a Jorge Alberto Rosas, del Partido Panameñista.
En el caso de Rosas, Athanasiadis y De Ycaza, la Corte declinó sus procesos a la Procuraduría General de la Nación, luego de que estos perdieran su condición de diputados el 30 de junio de 2019 tras no haber sido reelectos en las elecciones del pasado 5 de mayo pasado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de la denuncia contra el exdiputado Mario Miller y Felipe Vargas, quienes tampoco fueron reelectos.
La Corte también le rechazó un amparo de garantías a la expresidenta de la Asamblea Yanibel Abrego contra la decisión de la Contraloría de realizar un áudito a las planillas manejadas por los diputados. En este caso se solicitó una aclaración de sentencia por parte de la Asamblea.