La Corte Suprema de Justicia mantuvo una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia y rechazó un amparo de garantías constitucionales que buscaba declarar nula la investigación seguida a 13 personas por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y falsedad en perjuicio del Estado, por la sobrevaloración de fincas para la consignación de fianzas en procesos judiciales.
El fallo, bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias, rechazó dos recursos de nulidades presentados por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Samanta Bush.
Carrillo alegaba que el Juzgado Tercero Penal violó las garantías fundamentales de su cliente al decretar la investigación como causa compleja y conceder una prórroga de un año para terminar la investigación, ya que dicha petición habría sido echa fuera de término.
Sin embargo, el fallo precisa que la actuación del juzgado se apegó a la dispuesto en la Ley 121 de 31 de diciembre de 2013 (Ley de Delincuencia Organizada), que permite extender la investigación cuando se trata de actividades de crimen organizado.
La investigación se inició tras una serie de reportajes del diario La Prensa y una denuncia del magistrado José Ayú Prado en 2014, en la que se detectaron varias fincas sobrevaloradas y que eran usadas como garantía para el otorgamiento de fianzas de excarcelación.
Según la vista fiscal elaborada por Yara Vega Araúz, fechada el 16 de octubre de 2019, los imputados parcelaban las fincas, a las que incrementaban artificialmente su valor, con el fin de ofrecerlas como respaldo en fianzas en procesos penales y civiles.
La fiscal calculó una afectación para el Estado por un monto de $5 millones.
Por ejemplo, una finca de 29 hectáreas registrada a nombre de Reforestadora San Cristóbal, S,A, ubicada en Aguadulce, Coclé, valorada en $400 mil, fue segregrada en 193 lotes y a cada uno se le colocó un valor de $400 mil.