La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó una decisión del Primer Tribunal Superior, que no admitió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por los responsables del restaurante La Fragata contra las resoluciones del Ministerio de Salud (Minsa) que ordenó su cierre temporal y le aplicó una multa de $5 mil por violentar normas sanitarias impuestas a raíz de la pandemia de la Covid-19.
En un fallo del pasado 14 de septiembre, con la ponencia del magistrado José Ayú Prado, la Corte Suprema argumentó que el recurso presentado por la firma Cruz & GDEP no sustentó de manera correcta las normas constitucionales supuestamente infringidas.
