Tener dos cargos públicos es posible en Panamá. Prueba de ello es que al menos cuatro diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) también tienen puestos en el Gobierno.
Se trata del perredista Julio Palacios, actual asesor del diputado presidente Marcos Castillero, puesto en el que gana $5 mil mensuales.
Juan Pablo García Farinoni, también del Partido Revolucionario Democrático, ejerce como subdirector de la Autoridad Nacional de Aduanas, donde devenga $4,200 cada mes.
Cirilo Salas, del Partido Popular, es asistente administrativo de la Asamblea, con un salario mensual de $1,800.
Rachel González, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, funge como oficinista en el Legislativo; gana $1,100.
Privilegios
Un diputado del Parlacen tiene casi las mismas prerrogativas que los 71 diputados de la Asamblea Nacional. Cada uno cobra $4 mil 200, que incluye viáticos y pasajes a Guatemala, país donde el Parlacen tiene su sede. Hasta 2014, Panamá pagaba anualmente $1.7 millones en concepto de cuota a ese foro centroamericano.
Julio Palacios, el asesor del presidente del Legislativo, incluso, ha viajado a foros del Parlacen en Guatemala y Nicaragua, con fondos de la Asamblea. Estuvo en Guatemala entre el 22 y el 29 de septiembre, para participar en reuniones del organismo. Recibió $1,600 en concepto de viáticos. Mientras que del 25 al 30 de agosto había estado en otro foro de la organización en Nicaragua. Su pasaje costó $759, y recibió $2 mil de viáticos.
Palacios dijo a La Prensa que no recibe dos salarios, porque no asume como diputado del Parlacen, a raíz de que habilitó a su suplente Omar Carrizo Castillero. “En el Parlacen, el que asiste es el que cobra. No es como la Asamblea de Panamá, que aunque el principal no esté, cobra independientemente de que el suplente es el que asiste”, explicó.
Manifestó que su condición de asesor no es “una coyuntura gubernamental”. “Soy asesor, funcionario de la Asamblea desde hace 15 años... No ostento ningún cargo que me haya otorgado este Gobierno”, planteó.
Contó que ha asesorado a cuatro presidentes de la Asamblea: César Pardo, Gerardo González, Pedro Miguel González y, ahora, Castillero.
Sin embargo, en la planilla de la Asamblea dice que inició funciones el 16 de julio pasado.
Con respecto a los viajes que pagó la Asamblea, argumentó que el Parlacen, al igual que el Parlamento Latinoamericano, tiene convenios con la Asamblea, y él es el funcionario que representa al órgano ante los parlamentos.
Juan Pablo García Farinoni, por su lado, explicó que habilitó a su suplente (el exalcalde Eudocio Pany Pérez) en noviembre pasado, cuando se celebró la última sesión del Parlacen. Añadió que en las ocasiones que ha asistido al foro, ha solicitado licencias sin sueldo en Aduanas.
Cirilo Salas no respondió el mensaje que este medio le envió. Sin embargo, en el periodo pasado (2014-2019), cuando se le cuestionó por el mismo tema, contestó que la Procuraduría de la Administración y la Contraloría General –en la época de Gioconda Torres de Bianchini– ya se han pronunciado sobre el tema. “Al pasar los fondos [del Estado] al Parlacen, pasan a un organismo internacional”, enfatizó Salas, por lo que a su juicio, esos dineros ya no serían del Estado panameño.
Aunque el Parlacen no establece las limitaciones e incompatibilidades de las funciones alternas que puedan ejercer sus diputados, sí establece en su Tratado Constitutivo y en el artículo 10 de su reglamento interno que deben ser las mismas restricciones legales de sus países de origen. El artículo 156 de la Constitución señala que los diputados y sus suplentes “no podrán aceptar ningún empleo público remunerado”.
En 2017, 29 diputados suplentes de la Asamblea fueron demandados por tener doble salario. Pero la Corte Suprema no tomó ninguna decisión sobre el particular, sino que le pidió una opinión en la Asamblea, donde el tema, como era de esperarse, está engavetado.