El procurador de la Administración, Rigoberto González, envió una carta al contralor Gerardo Solís, luego de que este lo acusara de no hacer una “revisión minuciosa” de los gastos de movilización de alcaldes y representantes, erogaciones que, de acuerdo con Solís, venían ejecutándose desde hace 15 años.
En la nota, con fecha de ayer, 25 de enero, el procurador le dice al contralor: “cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías”.
Esto, después de darle detalles minuciosos de sus funciones y de los pronunciamientos que ha tenido en lo que respecta a la partida de transporte que reciben autoridades de los gobiernos locales.
Por ejemplo, le recordó que el 16 de febrero de 2018 envió a la Corte Suprema de Justicia una opinión a propósito de una demanda de nulidad que había interpuesto el entonces contralor, Federico Humbert, contra el Acuerdo 72 del 30 de diciembre de 2016, del Municipio de Arraiján, que aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2017.
González pidió a la Corte declarar la nulidad de dicho acuerdo municipal por considerar que ese gasto no se ajustaba a las normas de administración presupuestaria, consignadas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
En la nota, González también le dice a Solís que si considera que él ha incurrido en presuntas irregularidades respecto al uso de fondos públicos y aumento de dichos gastos de movilización, “proceda a interponer la respectiva denuncia ante las instancias competentes, y evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempeño de nuestro cargo”.
