Para viabilizar el financiamiento de los proyectos “llave en mano”, parciales o completos, el Gobierno estableció un mecanismo denominado “certificado de no objeción”, que debía servirle a las empresas contratistas del Estado para obtener financiamiento de la banca privada para completar un proyecto.
Se supone que la lógica de un proyecto “llave en mano” es que la empresa se autofinanciaba y que el Estado no adquiría deuda pública hasta que el proyecto se concluyera. Las entidades gubernamentales debían emitir, contra los avances parciales de las distintas obras, los “certificados de no objeción” para que el contratista pudiera ceder ese certificado a un tercero, y así transformarlo en un flujo de dinero.
En el caso de los préstamos de la Caja de Ahorros a la empresa HPC-Contratas-P&V, el monto total de $29 millones tuvo que ser recuperado por la gerente de Asuntos Corporativos de la institución, Karla Villalaz, después de muchos esfuerzos. A la Caja de Ahorros se le pagó con certificados de “no objeción” provenientes del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Turismo de Panamá, emitidos a favor de la empresa HPC-Contratas-P&V por proyectos que desarrollaba para estas agencias del Estado.
Es decir, que el préstamo de $29 millones que dio una institución del Estado para hacer obras estatales, algunas de estas “llave en mano”, y que el propio contratista debía financiar, fueron pagadas por el propio Estado.
Aparentemente, se puede inferir de la declaración de la gerente Villalaz, que el Estado panameño financió a una empresa que debía traer sus propios fondos y, que en su lugar, [el Estado] terminó pagando el préstamo que la empresa tenía con la Caja de Ahorros.