El Ministerio de Justicia italiano solicitó al Tribunal de Milán la impugnación de las medidas cautelares impuestas al ex secretario privado de Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, detenido la semana pasada en seguimiento a una solicitud de la División de Interpol del Servicio de Cooperación Policial Internacional.
Un revés a las autoridades judiciales panameñas que tiene su origen en la pasividad o en la falta de voluntad política de la Asamblea Nacional.
El marco jurídico sobre el que se debía estructurar la entrega de De Obarrio a las autoridades panameñas es el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial firmado por ambos países en 2013. El Parlamento de Italia lo ratificó en 2016. Sin embargo, Panamá no hizo lo propio, por lo que en realidad no tiene vigencia.
“Panamá, por razones que no conocemos, no ha procedido a ratificar el acuerdo en materia de extradición. Por lo tanto, no debe considerarse en vigor”, señalaron desde la oficina de prensa del Ministerio de Justicia de Italia.
El artículo 26 de la Constitución italiana establece que la extradición de un ciudadano de ese país solo está consentida en caso de que exista de forma expresa una convención internacional. “De manera que, al no existir una base jurídica que lo permita, hemos procedido a pedir a la Corte de Apelación de Milán la revocación de las medidas cautelares”, agregó el Ministerio de Justicia.
De Obarrio pasó ocho días en una celda de la prisión de máxima seguridad de San Vittore en Milán, pero desde este jueves es un “ciudadano italiano libre”, como confirmó su abogado Gabriele Minniti a La Prensa.
La defensa de De Obarrio en Italia interpuso la semana pasada un recurso ante el Tribunal de Milán para conseguir su puesta en libertad. Solo en ese momento, el Ministerio de Justicia de Italia tuvo constancia de que Panamá no había ratificado el acuerdo bilateral y que por lo tanto no podían extraditar a De Obarrio, que tiene pasaporte italiano, porque no hay ningún marco jurídico que lo sustente.