La solicitud que hiciera la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, al pleno de la Asamblea Nacional para que se postergue la entrada en vigencia de la Ley 16 de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria, levantó voces a favor y en contra.
Por un lado, hay quienes señalan que era lo mejor, debido a que aún los municipios no están preparados para afrontar dicha responsabilidad, que sería ejecutada por las comunas bajo un régimen de descentralización.
Otros, en tanto, consideran que la puesta en marcha de la justicia comunitaria de paz puede correr la misma suerte de la carrera judicial, que no logró ser considerada una prioridad para los gobiernos.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, manifestó que todavía se necesita sensibilizar más a la ciudadanía respecto a la nueva justicia comunitaria de paz. “Se requiere de la participación ciudadana y el tiempo que se tenía para lograrlo era muy poco”, dijo.
Contó que además urge tener un presupuesto, el cual hay que definir.
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, una de las organizaciones que ha empujado la puesta en marcha de esta iniciativa, también considera que es oportuno.
“Ha sido lo más sensato, no estaban garantizadas las condiciones físicas ni el talento humano ...” . Dijo que es un riesgo iniciar ahora, sin que la comunidad esté informada sobre lo que establece la nueva legislación.
En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente, planteó que es preocupante la “poca prioridad” que le da el Ejecutivo a ese tema. Comparó que al igual que la carrera judicial, la justicia comunitaria, que fue aprobada el año pasado en el Legislativo, no cuenta con los recursos necesarios.
Para la implementación de la justicia comunitaria de paz, que empezaría a regir el próximo mes de junio, solo en el Primer Distrito Judicial se requieren $6.8 millones.
El lunes pasado, Romero explicó que esta situación fue una de las causas por las que se pidió extender por seis meses más la entrada en vigencia de dicha norma.
La postergación de la ley se encuentra en la Comisión Legislativa de Gobierno.