Lo que venía anticipando el bloque opositor venezolano Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se cumplió. La recolección del 20% de las firmas del padrón electoral necesarias para convocar al referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro será por estado y no nacional.
Así lo dispuso la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la sentencia 147 del pasado 17 de octubre, tras declararse competente para conocer el recurso de interpretación de los artículos 15 y 29 de las normas para regular el procedimiento de promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular.
La convocatoria “requiere reunir el 20% de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República”, dice el fallo, cuya ponente fue Indira Alfonzo Izaguirre, y en el que también se advierte que “la falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo”.
Como argumento de que la recolección se haga por estado, el texto –disponible en el sitio web del TSJ– añade que “la etapa de recolección de las manifestaciones de voluntad no puede ni debe confundirse con el referéndum en estricto sentido, en el cual sí participa la totalidad del padrón electoral, universalidad que abarca a todos los electores, tanto a los que apoyan la revocatoria del mandato como a aquéllos que aspiran a ratificar en el cargo al funcionario electivo sometido a la consulta popular. La recolección de las manifestaciones de voluntad no constituye en ningún caso, por consiguiente, ni una consulta ni un referendo ni un plebiscito”.
El porcentaje a recoger es un reto para la oposición, ya que al objetar las condiciones anunciadas por el CNE el pasado 21 de septiembre, la MUD cuestionó que no serán instalados los centros de recepción ni las máquinas suficientes para absorber en tres días y en horario de oficina, 3 millones 893 mil 129 firmas. La entidad dispuso mil 356 centros y 5 mil 392 máquinas, y según la MUD lo apropiado sería 19 mil 500 máquinas captahuellas distribuidas en por lo menos 7 mil 500 centros.
Horas antes de que se conociera la sentencia del pasado lunes, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, reiteró las críticas a las funcionarias del CNE. “Las cuatro rectoras ‘maduristas’ violaron la Constitución, la ley y su propio reglamento al establecer una plataforma tecnológica precaria, insuficiente, mezquina, incapaz de atender a la totalidad de la población convocada al proceso de recolección de manifestaciones de voluntad para convocar al referendo revocatorio”, afirmó.
En tanto, al comentar ayer la decisión, Torrealba indicó en su programa de radio La Fuerza es la Unión, que “no es novedad; lo único es que están ratificando el viejo e ineficiente dictamen del CNE, donde señalan que la recolección será regional, cuando la Constitución señala que debe ser nacional”.
Sin precisar cómo lo harán, el vocero del bloque ratificó que no acatarán la recolección por estado, ya que “es una condición ilegal”.
También se pronunciaron las juntas directivas de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, de la Federación de Centros Universitarios y de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas. Al apoyar la propuesta de la Asamblea Nacional de conformar un gran movimiento en defensa de la Constitución, señalaron entre otras cosas que “los ciudadanos cumplieron con los requisitos constitucionalmente establecidos para convocar un proceso revocatorio del ciudadano presidente de la República, y es obligación del Consejo Nacional Electoral garantizar dicho derecho sin crear requisitos inconstitucionales que buscan retrasar el proceso revocatorio, negando así el derecho del pueblo a pronunciarse libremente” y, por ello, emplazaron a la autoridad electoral a que realice el referendo revocatorio y la elección de gobernadores en 2016.
Por otro lado, el excandidato presidencial Henrique Capriles llamó a todos los venezolanos inscritos en el padrón a participar en la jornada del 26, 27 y 28 de octubre, aunque dijo entender que hasta este momento no van a dejar votar a los ciudadanos en el exterior.
Capriles aprovechó para expresar que según la más reciente encuesta de Datanálisis (concluyó el 29 de septiembre) el 90.5% de la población evalúa negativamente la situación del país, mientras que el porcentaje de desaprobación de la gestión de Maduro llegó a 76.5, frente a 22% que lo calificó positivamente. También aseguró que 66.7% de la población dice que Maduro debe ser revocado este año.
La MUD ha denunciado en reiteradas ocasiones que el proceder del CNE solo ha buscado poner escollos para la convocatoria del referendo, por ejemplo, sostener que la solicitud de la consulta debía hacerse tan pronto se cumplía la mitad del mandato, cuando el reglamento no señala cuánto tiempo puede pasar para presentar la solicitud escrita.
De hecho, en el título III, del procedimiento de promoción y solicitud del referendo revocatorio, capítulo I, del escrito de participación, el artículo 15 señala que “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido popularmente el funcionario, podrá solicitar la convocatoria (...)”. En tanto, el artículo 16 establece que “A partir del momento en que se cumpla la mitad del período (...) las organizaciones (...) podrán promover mediante una participación escrita el inicio del procedimiento para la solicitud (...)”.
La oposición también ha denunciado que el CNE se “inventó” el requisito de que la MUD –a pesar de tener personería jurídica y haber participado en las elecciones legislativas de 2015– tenía que ser autorizada por los ciudadanos y constituirse en intermediaria para hacer la solicitud de la consulta; y que la recolección del 1% del padrón para poder hacer la solicitud de la consulta es inconstitucional, ya que la Constitución solo habla de la recolección del 20%.
Si la oposición logra recoger el 20% de las firmas del padrón por estado, aún pende sobre la consulta una espada de Damocles. El Partido Socialista Unido de Venezuela y supuestas víctimas introdujeron demandas contra la recolección del 1% (primera fase), en vista de que el CNE reportó que la validación de esa recolección arrojó 10 mil 995 personas fallecidas, 9 mil 333 personas que no están en el archivo de cedulados, 3 mil 3 menores de 18 años y mil 335 personas con sentencias en firme, entre otros casos.
“Los tribunales tienen que decidir qué calificación tiene ese acto de recolección de firmas. Puede ser que el tribunal diga, señores, este acto se invalida, por lo tanto vuelvan a recogerlas”, declaró a este medio el diputado oficialista Darío Vivas.