Además de los sonados casos de desvío de fondos públicos que involucran millones de dólares, el fenómeno de la corrupción a pequeña escala, en el día a día del panameño, es un problema grave que puede hacer que el país se nos vaya de las manos.
Así lo plantea el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Del Rosario, quien desde su posición conoce cómo opera la llamada petit corrupción en la administración pública: “Es como una manguera rota y deteriorada a la que tapas un hueco y apenas le pones presión se abren dos más”.
El Tribunal de Cuentas se ocupa principalmente de juzgar a los servidores públicos y particulares investigados por lesión patrimonial al Estado. Es lo que antiguamente se conocía como la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República.
Tiene un presupuesto de 3.6 millones de dólares, unos 110 funcionarios y una dirección colegiada liderada por magistrados nombrados por los tres órganos del Estado: Del Rosario, (Ejecutivo), Álvaro Visuetti (Asamblea Nacional) y Alberto Cigarruista (Corte Suprema de Justicia).
En 2004 se incluyó en la Constitución la jurisdicción de cuentas (artículo 281) “para juzgar las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades”.
El próximo miércoles 15 de enero el Tribunal de Cuentas cumple 11 años desde su fundación y en total, según datos estadísticos de la institución, el Estado ha logrado recuperar 40 millones 182 mil 52 dólares con 18 centavos.
Además, tiene en trámite 224 procesos con una lesión patrimonial al Estado estimada en 269 millones de dólares y 2 mil 240 personas involucradas.
Entre esos casos están el desvío de fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) a través de las juntas comunales y las presuntas anomalías en la compra de comida deshidratada, así como en la adquisición y distribución de granos.
Del Rosario explica que las personas que han sido encontradas responsables o a las que se les haya hecho un alcance por parte de la Contraloría entran en una especie de “muerte civil”. Es decir, que no pueden ser contratadas y ni contratar con el Estado. Ello en base al artículo 1088 del Código Fiscal que, además, establece que “los nombramientos hechos en contravención de este artículo son nulos y cualquier persona puede demandar su nulidad”.
La mayor parte de los involucrados en procesos de cuentas corresponden a funcionarios o contratistas de las juntas comunales (356), Ministerio de Educación (337), Lotería Nacional de Beneficencia (240), PAN (185) y Asamblea Nacional (137).
Consultado sobre por qué parece tan bajo el monto recuperado por el Estado, Del Rosario señala que si bien en estos últimos años la jurisdicción de cuentas logró fortalecerse desde el punto de vista institucional y jurídico, aún requiere de reformas para cumplir mejor sus objetivos.
Sostiene que a la institución “le falta una pata”, ya que cuando se llega a una condena, el expediente se envía a la Dirección General de Ingresos para que se encargue de cobrar. Pero, agrega, en esta dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas un juez ejecutor tiene que empaparse de cero de un expediente que por lo general puede tener 15 mil páginas.
Del Rosario asegura que para hacer estas reformas coordinarán con el Ejecutivo una modificación a ley 67 de 2008, ya que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha dicho que pretenden hacer cambios en las instituciones de control.
