A pesar de que la Ley 56 de 2017 obliga a ciertas entidades gubernamentales, empresas estatales, mixtas y compañías reguladas a tener, al menos, un 30% de mujeres en sus juntas directivas, dos normas posteriores y de menor rango abren la posibilidad para que las empresas privadas obligadas no cumplan esta exigencia.
Así lo interpreta el abogado Carlos Barsallo, que demandará la ilegalidad e inconstitucional de un decreto ejecutivo y un acuerdo bancario que permiten a las empresas explicar por qué no han cumplido la ley.