Daños al ambiente

Denuncia penal contra Minera Panamá y el ministro de Comercio

Denuncia penal contra Minera Panamá y el ministro de Comercio
Donaldo Sousa acudió este jueves 10 de junio a la Procuraduría General de la Nación. Richard Bonilla

La Asociación de Derecho Ambiental presentó ayer una denuncia criminal contra Philip Pascall, representante legal de Minera Panamá, S.A., y el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, así como sus predecesores, para que se investigue la posible comisión de delitos contra el ambiente.

La denuncia también incluye a los anteriores ministros de Ambiente. No se menciona al actual titular, Milciades Concepción.

En la denuncia de 12 páginas, firmada por el abogado Donaldo Sousa, quien preside dicha organización, se hace referencia a una investigación de La Prensa titulada “Mina de cobre causó 209 daños ambientales”, en la que se deja constancia de que la minera cometió más de 200 incumplimientos, detectados en más de una decena de inspecciones realizada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en las últimas tres administraciones, “donde el principal recurso afectado es el agua”.

La investigación periodística expone “comportamiento reincidente [por parte de Minera Panamá], sin que la autoridad ambiental efectuara nada al respecto, ni emitiera sanción alguna, ni menos suspendiera jamás las operaciones de dicha mina”, detalla la denuncia criminal presentada por Sousa.

Según Sousa, el reportaje de La Prensa, publicado el día 26 de mayo, evidencia el incumplimiento a la Constitución, leyes ambientales nacionales y convenios internaciones, y los hechos están tipificados como delitos en el Código Penal.

Por su parte, First Quantum Minerals, la empresa canadiense matriz del proyecto Cobre Panamá, que opera Minera Panamá, S.A., publicó una “aclaración” en la que enumera ocho puntos citados en el reportaje de este medio, para argumentar que son falsedades. Sin embargo, los incumplimientos que La Prensa reportó se basaron en informes oficiales de las inspecciones de MiAmbiente a la mina, entre 2012 y 2019.

En el comunicado pagado, la minera dice que “es falso que la empresa haya causado daños ambientales”, cuando lo cierto es que se aplicaron medidas correctivas de forma inmediata, expone la “aclaración” de la empresa, aunque múltiples informes revelan precisamente lo contrario.

Por ejemplo, el documento de la inspección efectuada del 22 al 23 de enero de 2018 indica que la poza de sedimentación cuatro se desgarró y los sedimentos fueron al Río del Medio que desemboca al mar y no se corrigió inmediatamente. Pasaron más de 15 días sin maquinarias. “La empresa minera Panamá debe aplicar medidas correctivas inmediatas en caso de incidentes ambientales. En el caso de la berma de las pozas 4 deben haber aplicado los correctivos y no lo habían hecho; esto da la impresión de poco interés por conservar el recurso hídrico y la naturaleza', cita el informe No 007-2018 de MiAmbiente

La Prensa solicitó –invocando la Ley de Transparencia– los informes de inspecciones de MiAmbiente y únicamente contabilizó los hallazgos de “incumplimientos” a las medidas de mitigación de la minera y no otros como “observación”. Es decir, quien calificó los incumplimientos fue la autoridad ambiental y no La Prensa.

Producto de los “incumplimientos”, MiAmbiente tiene 10 procesos administrativos contra Minera Panamá. El comunicado rechazó “categóricamente” “cualquier oficio que diste del periodismo sin sesgos”, en referencia al trabajo periodístico de La Prensa.

La explotación de cobre –a cielo abierto– de Minera Panamá se encuentra en las montañas de la provincia de Colón. Se trata de una concesión de 13 mil hectáreas, en lo que fue una reserva ecológica protegida y parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

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