El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) deberá enfrentar una nueva batalla legal. Esto, luego de que la semana pasada se presentó ante el Ministerio Público una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia y apología del delito.
La denuncia señala que Martinelli habría ejercido presiones contra fiscales, funcionarios y exfuncionarios de la administración de justicia, “a fin de evitar que cumplan con sus funciones”.
La acción legal, presentada por el abogado Enrique De Gracia Lezcano, sostiene que es un hecho público y notorio que el exmandatario ha venido amenazando, intimidando, denunciando, querellando y promoviendo acciones de secuestro a fiscales, jueces y magistrados que han intervenido o participan en investigaciones y procesos judiciales en los que se ha visto inmerso por causa de acciones realizadas durante su gestión presidencial.
Delito contra la administración de justicia
De Gracia precisa que las acciones emprendidas por Martinelli y que se han hecho públicas a través de medios de comunicación cuando ha comparecido a diligencias judiciales, se enmarcan en el artículo 388 del Código Judicial, que tipifica el delito contra la administración de justicia.
Detalla que la citada norma plantea que incurrirá en este delito “quien mediante uso de la fuerza física, amenaza, intimidación o la promesa de ofrecimiento o concesión de beneficio indebido, obstaculice o impida el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario del Ministerio Público u el Órgano Judicial”.
En este sentido, la denuncia detalla que la amenazas e intimidación se habría materializado con “la ilegítima utilización de acciones legales y declaraciones que han sido expuestas ante la opinión pública nacional e internacional”.
Denuncias a exmagistrados, fiscales y funcionarios
Y que estas acciones han alcanzado a los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz y Jerónimo Mejía, quienes fueron parte del proceso que se le siguió a Martinelli y que se conoció como el caso pinchazos. Díaz en calidad de fiscal y Mejía, como juez de garantías. Igualmente lo hizo contra la exprocuradura general de la Nación Kenia Porcell.
También se ha querellado criminalmente contra la fiscal superior anticorrupción Tania Sterling, quien lo investiga por el escándalo de sobornos de Odebrecht.
Sus acciones, además, han incluido a funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que lo han evaluado a petición de los fiscales.
Sostiene el documento que Martinelli también advirtió a los fiscales de no hacer uso de una nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la cual el Consejero de la Oficina de Asuntos Jurídicos Thomas Heinemann, asegura que ya no les es aplicable el principio de especialidad.
En esa ocasión Martinelli dijo que “al fiscal que se le ocurra usar la misiva enfrentará repercusiones legales”.
En este aspecto, la denuncia precisa que estas acciones del expresidente Martinelli están encaminadas a impedir y obstaculizar la facultad de administrar justicia en la esfera penal, ejercida por los juzgados y tribunales creados y organizados a través de la Constitución.
Apología del delito
La denuncia también atribuye a Martinelli la presunta comisión de apología del delito, luego de que a la salida de diversas diligencias judiciales ha amenazado a una pluralidad de funcionarios y exfuncionarios con la presentación de denuncias y demandas por los procesos judiciales abiertos en su contra. Además, señala que siendo el demandado un expresidente de la República significa una guía para la conducta de los ciudadanos, al menos para sus seguidores. Eso, dice, acarrea el deber de promover el respeto a la Constitución y las leyes e instituciones democráticas.
Accionar doloso
De acuerdo con la denuncia de De Gracia las actuaciones del exmandatario ejecutudas contra funcionarios encargados de administrar justicia son claramente dolosas, por estar encaminadas a ocasionar temor a jueces, fiscales e, incluso, personal administrativo de apoyo con la intención de que no cumplan con sus funciones.
Recalca que al ser una conducta dolosa, puede tipificarse como un delito contra la administración pública, ya que se intentaría ejercer presión sobre los funcionarios judiciales.
Defensa de Martinelli reacciona a denuncia
Por su parte, Roniel Ortiz, del equipo de abogados de Martinelli, alega que la denuncia presentada contra su cliente carece de sentido, ya que todas las acciones judiciales emprendidas por el exmandatario contra fiscales, exmagistrados y otras personas están sustentadas en normas contenidas en el Código Judicial.
Afirmó que el denunciante busca notoriedad al presentar esta denuncia “tememaria” que, según él, desconoce principios elementales del derecho penal.
