Los colegios y universidades particulares que no dieron entre el 20% y 30% de descuento en el costo de la matrícula, estarían obligados a devolver el dinero.
Ayer, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 508, que además de establecer los descuentos, dice que la norma es de “interés social” y, por tanto, tendrá “efecto retrocativo desde el 1 de enero de 2021”.
La propuesta establece que los colegios y universidades que tengan una matrícula superior a mil 100 estudiantes deberán aplicar un descuento del 30%, y los que tengan de 500 a mil 99, de 25%. En aquellos planteles que tengan una matrícula de 201 hasta 499 estudiantes, el descuento que tendrían que dar es del 20%. Los que tienen menos de 200 alumnos quedarán exentos del ajuste.
El proyecto de ley también dispone que los centros educativos particulares no podrán “solicitar donaciones o entrega de bienes como requisito de primer ingreso o matrícula”. El proyecto, que ya ha sido objetado por el gremio empresarial, pasó a manos del Ejecutivo.
Colegios privados no podrán exigir donaciones para aceptar estudiantes
Con voces a favor y en contra, la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley 508, que regula los descuentos que deben dar los colegios y universidades particulares, dependiendo de la modalidad de enseñanza: virtual o presencial.
La iniciativa, que modifica la Ley 47 de 1946 (Ley Orgánica de Educación), ha generado un acalorado debate entre representantes de centros educativos particulares y los diputados que la impulsan. Ahora, el proyecto será enviado a la Presidencia de la República, donde el mandatario Laurentino Nito Cortizo debe decidir si lo sanciona o lo veta.
Modificaciones
El pasado miércoles, mientras se discutía en segundo debate, la propuesta sufrió varias modificaciones, pero mantuvo intactos artículos que, de acuerdo con los representantes de los centros particulares, “atentan contra la libre empresa”.
Entre los cambios está el que las asociaciones de padres y madres de familia no podrán recibir dádivas, beneficios, becas o descuentos especiales. También se aprobó reformar el artículo 130 de la Ley 47 de 1946, que señala que las instituciones de educación particular en conjunto con los padres de familia, con la mediación del Ministerio de Educación como garante del proceso, coordinarán cambios en los costos de matrícula y mensualidades, así como todo lo referente a costos y obtención de uniformes y útiles escolares. Así mismo, al artículo 121 de la Ley orgánica de educación se le agregaron tres numerales. Uno de ellos prohibe a los centros educativos particulares: “solicitar donaciones o entrega de bienes como requisito de primer ingreso o matrícula de un estudiante o cualquier otro que tenga como finalidad recibir dinero o bienes sin ninguna contraprestación a cambio”.
Además, se estableció que dicha propuesta de ley “es de interés social y tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021”.
Los descuentos
Pero los puntos más polémicos descansan en los artículos que señalan que los colegios y universidades particulares deben aplicar ajustes en el costo de la matrícula, dependiendo de la cantidad de estudiantes, si las clases son virtuales. Los descuentos son de entre 20% y 30%. Los que tengan una matrícula superior a mil 100 estudiantes, deberán aplicar un ajuste del 30%, y los que tengan de 500 a mil 99, deben ajustar el descuento a 25%. Y en aquellos planteles que cuenten con una matrícula de 201 a 499 estudiantes, el descuento que tendrían que dar es del 20%. Los que tienen menos de 200 estudiantes quedarán exentos del ajuste.
Ayer, la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa) emitió un comunicado señalando que el “proyecto de ley desconoce la libertad de empresa y atenta contra la seguridad jurídica, postulados que han sido ápice para el crecimiento económico del país”.
Óscar De León, director de la Auppa, dijo el pasado miércoles en el pleno de la Asamblea que debe existir una “solidaridad” del Estado, la sociedad y la empresa privada, pero que al recargar esa solidaridad completa a un sector, “significa muy probablemente la quiebra de ese sector”.
Su opinión fue respaldada ayer por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que mediante nota al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, dejó claro que el proyecto “atenta contra el ejercicio de la libre empresa”.
El diputado independiente Edison Broce, quien votó en contra de la iniciativa, pronosticó que el proyecto será vetado por “inconstitucional”.
Mientras, los diputados perredistas Héctor Brands, presidente de la Comisión de Educación, y su copartidario Leandro Ávila, defendieron la propuesta.
Brands aseguró ser respetuoso de la libre empresa, y que hubo discusiones amplias con el Ministerio de Educación y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, así como con el Ministerio de Comercio. Ávila señaló que es injusto cobrar por la totalidad de un servicio que no se presta al 100%.