La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidió rechazar y declarar no viable el proyecto de ley No. 100, que buscaba que las sentencias, autos, resoluciones y otras decisiones del Órgano Judicial fuesen públicas.
La razón, según explicó el perredista Crispiano Adames, quien dirige dicha instancia legislativa, es que los sectores involucrados en el tema, como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación y el Colegio Nacional de Abogados, así lo consideraron.
Por ello, la mayoría de los diputados que conforman esa Comisión lo consideraron un proyecto que violaba la “dignidad humana”.
La propuesta que modifica el artículo 328 de la Ley 29 de 1984 del Código Judicial fue presentada por el independiente Gabriel Silva y constaba de tres artículos.
La iniciativa de Silva
Por ejemplo, establecía que en el Registro Judicial del Órgano Judicial se debía hacer público los autos y sentencias que dicten los Juzgados de Circuito; las sentencias de los Tribunales de Juicio Oral; así como las sentencias del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio. Igualmente, deberían ser públicas las resoluciones dictadas por Jueces de Garantías en el caso que les corresponda.
También el resumen de los temas llevados al pleno de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones y las piezas jurídicas que la Corte estime de importancia, ya sean sentencias, vistas fiscales alegatos o monografías.