Un “desgreño administrativo”. Así tildó Dilio Arcia, nuevo fiscal electoral, lo que le fue entregado de manos de su antecesor Eduardo Peñaloza. Arcia, quien tiene tres meses en el cargo, dijo que cuenta con poco personal y presupuesto para operar.
La fiscalía requiere dinero y personal
¿Cómo recibió la Fiscalía?
Los expedientes ni siquiera estaban debidamente foliados, no estaban clasificados, había irregularidades en las nomenclaturas. En la auditoría que se está haciendo encontramos oficios y pruebas traspapeladas, de una fiscalía con otra, sobre todo en el interior del país. Además, 75% de personal administrativo y 25% de personal de orientación jurídica, cuando esto debiera ser a la inversa, porque esta es una institución para el ejercicio jurisdiccional en el tema electoral.
¿Ha puesto una denuncia por lo que recibió? ¿Se está investigando a Peñaloza?
No hemos presentado nada. No se ha terminado la auditoría. Si lo están investigando es por otra cuestión. Con lo que he dicho no estoy planteando la comisión de un delito por parte del exfiscal. Los problemas administrativos que se dieron pudieron haberse dado de los mandos medios para bajo. Él [Peñaloza] me explicó que no se le apoyaba en el presupuesto, que había una cuestión contra él.
¿Cómo mejorará los problemas administrativos?
Hemos iniciado una reingeniería para uniformar criterio en los procesos en todos los circuitos, para lo cual estamos redactando una serie de instructivos.
¿Cuántos expedientes tiene la fiscalía actualmente?
Hay cerca de 3 mil a nivel nacional, que tienen que ver con delitos como cambio doloso de residencia, doble voto, falsedad de firma.
¿De cuánto personal y recurso financiero dispone?
Recibimos un presupuesto ya avanzado y aprobado, en el que se recortaron 130 cargos interinos –a partir del 30 de diciembre quedaron insubsistentes–, es decir, que tenemos un 47% menos personal. Para enero y febrero hemos ideado apoyo de una dirección a otra, mientras podamos tramitar la partida para que los 130 sean recontratados. Actualmente tenemos 207 funcionarios y el presupuesto es de $4.6 millones.
¿De cuánto sería el presupuesto de 2021?
De $7 millones, eso lo vamos a justificar.
¿Ha hecho cambios de personal, son designaciones políticas?
Hay nuevos fiscales, pero también estamos trabajando con personal del anterior fiscal. Por ejemplo, Juan Alvarado, que antes actuaba como secretario es ahora fiscal. Todos tienen su currículo, su examen previo de experiencia, no estamos aplicando más que los parámetros que exige la ley. De mí dicen que soy PRD, pero si usted se va a mi hoja de vida puede ver mi experiencia de 37 años en la administración pública, y mis títulos. Yo sí era PRD, pero fui institucionalmente, yo no estuve buscando votos.
¿Cuántos asesores tiene?
Aparte del asistente que tengo, todos son jefes de direcciones o departamentos, secretaria y fiscales.
¿Por qué se muda de sede?
Este es un P.H. El espacio físico no es para prestar un servicio público. No hay estacionamientos. Aparte de eso, la incomodidad de los vecinos de que los carros nuestros están en la vía. Vamos a solicitar a la Contraloría y al MEF que nos autoricen el contrato.
¿Y por qué no se mudan al Tribunal Electoral?
Exploramos la posibilidad de que nos diera un espacio, pero los magistrados van a requerir muchos metros cuadrados para su archivo.
¿Dónde estaría la nueva sede?
Donde quedaba la firma Mossack Fonseca. Tiene 45 despachos establecidos, solo hay que mudarse. El costo por metro cuadrado es igual o menor que el que estamos pagando acá ($24 mil).
¿Cuáles serían otras de sus proyecciones?
Queremos crear una regional en Panamá Oeste, Colón y San Miguelito. En Panamá Oeste hay una gran cantidad de votantes y amerita crear una regional. Mientras, en Colón han surgido más de 700 casos de delito de cambio doloso de residencia, y para levantar un expediente en esa provincia la logística sale muy costosa. Al final, al que cometió el delito solo se le sanciona con 50 dólares o se le inhabilita.
¿Qué propuestas llevará a la Comisión Nacional de Reformas Electorales?
Estaremos representados por la Secretaría General de la Fiscalía. La recomendación nuestra tiene que ir enfocada en términos de la justicia procesal. Creemos que se debe elevar el monto de las multas, que podrían ser de mil dólares para arriba; lo que no puede ser es que en la investigación y demás el Estado gaste tres veces más de lo que le van a castigar.
También estamos pensando que es conveniente la subrogación de la pena, es decir, en vez de pagar con dinero, el que cometió el delito pague con trabajos comunitarios. El tema de la competencia que tiene la fiscalía en los traslados que hace el Tribunal Electoral también es un tema que debe analizarse; y es tiempo de que se aclare el tema de las competencias de juzgamiento (del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de Justicia).
¿Cómo es su relación con los magistrados del TE?
Me siento satisfecho con el grado de comunicación que existe.
