Durante tres horas de reunión, la Asamblea Nacional y los magistrados del Tribunal Electoral (TE) lograron los primeros acuerdos de consenso, respecto al primer y segundo bloque del proyecto de ley 544, sobre las reformas al Código Electoral.
La mesa arrancó a las 9:30 a.m., en el Salón de Eventos del TE y el debate giró en torno al informe que hicieron público la semana pasada los magistrados, en el cual califican algunos temas como retroceso para el sistema electoral panameño.
Fueron seis los puntos analizados en este primer encuentro, de los cuales cuatro llegaron a consenso para mejorar la redacción de las propuestas y dos se encuentran en suspenso hasta la próxima reunión que pactaron para el día miércoles.
Este primer consenso llegó en medio de protestas y quejas ciudadanas, en pro de una reforma electoral que propicie reglas del juego más equitativas.
Lo pactado
Se acordó redactar una propuesta en la que el TE mantenga la potestad de fiscalizar, financiar los eventos y revisar los reglamentos de los partidos políticos. Con la modificación hecha al proyecto 544, los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista que están en la Comisión de Gobierno le habían eliminado esa facultad al TE.
El TE había dicho que esto era un retroceso, puesto que en 2017 dicha reforma se inspiró en la necesidad de garantizar la neutralidad en la organización de los eventos internos partidarios, y cuyos antecedentes fueron las iniciativas que tuvieron el PRD, CD y el Partido Panameñista.
También consensuaron eliminar la palabra “gratuita” del concepto de propaganda electoral, pues era un atentado contra la libertad de expresión. Además, se decidió mantener la redacción del TE en la propuesta que habían adicionado los diputados, sobre las obligaciones de los partidos, que buscaba, entre otras cosas, extender los periodos por seis meses de vigencia a los organismos partidarios.
El TE señaló que la única causal para contemplar una posible extensión de los periodos de vigencia de los organismos partidarios es la de “caso fortuito o fuerza mayor”.
Aunque los diputados y los magistrados no lo mencionaron, fuentes que estuvieron en la reunión dijeron a este medio que la mesa decidió derogar el artículo que eliminaba el deber de los candidatos proclamados a presentar un informe de ingresos y gastos para poder recibir su credencial. Según los magistrados del TE esta propuesta afectaba “la rendición de cuentas de los candidatos proclamados en las elecciones generales”.
En suspenso
Mientras, decidieron dejar en suspenso, hasta el miércoles, cuando tendrán su segunda reunión, el tema de las convocatorias a sesiones extraordinarias de los partidos políticos, y el tiempo que tendrán los aspirantes por libre postulación para presentar sus solicitudes e iniciar el proceso de recolección de firmas. Sobre estos dos puntos, los diputados indicaron que llevarán a la mesa técnica una propuesta.
Por ejemplo, los diputados modificaron el proyecto 544 y propusieron tres meses para que los independientes recogieran, entre febrero y abril de 2023, cerca de 39 mil 296 firmas, pues según datos del TE, los votos válidos en los comicios de 2019 fueron 1 millón 964 mil 746. Es decir, que en 90 días deben buscar la misma cantidad de rúbricas que se requieren actualmente para formar un partido político.
Los temas que siguen del informe
En miércoles la mesa entrará a analizar las dos propuestas pendientes y los referentes, por ejemplo, a las causales de nulidad de la inscripción de adherentes en partidos, la constitución de nuevos partidos, la recolección de firmas en materia de revocatoria de mandato por iniciativa popular.
Aún no se tocan temas polémicos como la propuesta de la CNRE de reducir los gastos de campaña. En el caso de los candidatos presidenciales, por ejemplo, el proyecto de ley original propuso reducirlo a $7.5 millones, pero, diputados del PRD y de CD decidieron mantenerlo como lo establece la ley actual: $10 millones, por cada candidato.
Tras el encuentro, el magistrado Heriberto Araúz, presidente del TE, calificó como avances importantes los primeros seis puntos que consideramos como retroceso.
Por su lado, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames dijo, entre otras cosas, que “hemos subsanado algunas fallas metodológicas”.
Hay que recordar que lo que se aprueba en la llamada mesa técnica debe volver a la Comisión de Gobierno para su aprobación.
La mesa técnica fue creada a raíz de una mediación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, luego de que los magistrados del TE se levantaran de la Comisión, porque no estaban siendo tomados en cuenta.
Representantes de la sociedad civil han expresado sus dudas sobre lo que se acuerde en esta mesa técnica y sobre la disposición de los diputados de avalar lo que se pacte.
Uno de los diputados más críticos del proyecto 544, Benicio Robinson, también presidente del PRD, no estuvo en el encuentro. Robinson formó parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que redactó el proyecto 544.
La presión se mantiene
En tanto, los opositores a la reforma introducida por los diputados, tienen previsto una vigilia contra las reformas electorales para el próximo jueves a las 5:00 p.m. frente a la Asamblea Nacional.
Consultada sobre lo aprobada ayer, Leah Cedeño de Boersner, de la agrupación Espacio Cívico, dijo que si en efecto se acordó eliminar el concepto de gratuidad sería un paso en la dirección correcta, muy necesario con el fin de considerar como campaña únicamente las actividades que se realicen de forma pagada. “Lo contrario atentaba contra la libertad de expresión, lo que impediría por ejemplo que organismos que publican datos sobre el perfil de candidatos a cargos de elección, tampoco pudieran hacerlo”, dijo.
En las pasadas elecciones la Guía de Políticos de Espacio Cívico publicó el perfil de más de 480 candidatos a diputados. Con el termino gratuidad, este aporte para generar un voto informado no habría sido posible. Aun así, Cedeño consideró que la mesa técnica carece de igualdad en sí misma y lo correcto sería permitir la participación de organismos de la sociedad civil y tomar como base lo presentado por el TE
