La contratación de funcionarios y el alto costo de la planilla de la Asamblea Nacional fueron tema clave durante la sustentación del presupuesto de esa institución para 2022.
Crispiano Adames, presidente del órgano, compareció ante sus colegas de la Comisión de Presupuesto y aseguró que los $135.5 millones que les recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas son insuficientes, por lo que se afectarían los planes de inversión de la entidad.
Por su parte, Benicio Robinson, presidente de la comisión, pronunció un largo discurso sobre los derechos de los diputados y se quejó de las prerrogativas que, según él, les han quitado.
La transparencia según Carrizo y los derechos de los diputados
Confiado, tranquilo, optimista. Así se mostró ayer el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentó el presupuesto de su cartera para 2022.
Su discurso se enfocó en “el compromiso del Gobierno con la transparencia”. Aseguró que los fondos estatales se han manejado con “eficiencia, responsabilidad y transparencia” y que decir lo contrario viene “de quienes solo buscan desinformar y tergiversar para confundir a la población”.
Esto, a pesar de que el gobierno de Laurentino Cotizo ha sido fuertemente criticado por diversos asuntos durante la pandemia: ventiladores con supuesto sobreprecio, contratación de empresas de allegados al Ejecutivo y opacidad en varios de los procedimientos han marcado la tónica.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó al Ministerio de la Presidencia un presupuesto de $209 millones para el próximo año. Esto supone $2.8 millones menos que los correspondientes a 2021.
Carrizo estaba en territorio amigo. Los diputados jefes de la Comisión de Presupuesto son sus copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El único que lo cuestionó fue el independiente Edison Broce, quien le preguntó sobre cuándo acaba el estado de emergencia decretado por la pandemia.
Carrizo se apoyó en la decisión tomada en marzo de 2020, cuando se decretó el estado de emergencia, la cual, asegura, “agilizó” los procesos de compra. Agregó que la medida se levantará según el comportamiento del virus.
Broce también le preguntó sobre la Resolución 71 del 4 de agosto de 2021, que declaró de carácter restringido las actas, notas y archivos del Presidente y Vicepresidente de la República, y del Consejo de Gabinete. El ministro de la Presidencia dijo que se trata de “una ley de vieja data” y añadió que las “condiciones de confidencialidad son muy específicas”.
Por su parte, el diputado perredista Raúl Pineda defendió la gestión del Ejecutivo y felicitó a Carrizo por el manejo de la crisis sanitaria. “Vamos a seguir adelante y el tiempo nos va a dar la razón”, dijo Pineda sobre la gestión gubernamental.
El turno de la Asamblea
Otra de las instituciones que sustentó ayer el presupuesto para el próximo año fue la propia Asamblea Nacional. La comparecencia de su presidente, Crispiano Adames, empezó a las 4:53 p.m. El MEF le recomendó $135.5 millones, pero de acuerdo con Adames esa cifra es insuficiente.
La discusión se centró, principalmente, en la contratación de funcionarios, el monto previsto para funcionamiento y el pago de planillas a nivel institucional.
Broce preguntó a Adames cuántos funcionarios tiene el órgano. Adames le contestó que no tenía una cifra. También lo interrogó sobre cuántos funcionarios tenían carro asignado por el Legislativo. Tampoco le dieron respuesta. Adames dijo que tenían una “flota decadente”. Caras largas, y mucha tensión reinó en el salón.
Broce sacó a relucir que la Asamblea gasta $200 mil año en el pago de celulares a las funcionarios. El diputado independiente dijo que la Asamblea debe ser “congruente” en su actuar y manifestó que muchos de los funcionarios del Legislativo “no están” en el día a día. Es decir, cobran pero no trabajan.
Tanto Adames como el veterano presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, respondieron de forma directa a Broce y defendieron la contratación de funcionarios.
“Hay que dimensionar lo que representa la Asamblea”, manifestó Adames, y criticó que se tiende a “disminuir la competencia de la misma y equipararla con cualquier institución”. Argumentó que el trabajo de la Asamblea “es en todo el país”.
Robinson, por su parte, además de defender la contratación de funcionarios, cuestionó el argumento de que los diputados tienen “prerrogativas”. “No dejaré que quieran seguir quitándome mis derechos”, dijo en relación a exigencias ciudadanas de que se disminuyan distintos gastos relacionados con la labor legislativa. “Aunque mañana quieran criticarme, será otra raya para el tigre”, argumentó Robinson entre risas de sus colegas comisionados.
