Miles de dólares de los fondos de la Descentralización destinó el Municipio de Penonomé a agasajos, actividades sociales, subsidios funerarios y equipamiento deportivo, incluyendo miles para supuestas donaciones de alimentos a asilos y orfelinatos, según se desprende de un informe de gastos de la entidad. Ello, a pesar de que está prohibido por ley el uso de esos fondos para tales fines.
Los nombres de los beneficiados con estos dineros no fueron proporcionados a La Prensa por el hoy exalcalde de Penonomé Agustín Méndez (PRD).
No fue todo. Empresas contratistas lograron el pago por adelantado de obras que están abandonadas y otras que tenían 0% de ejecución en trabajos de mantenimiento de caminos rurales y mejoras de acueductos. Tampoco les fueron rescindidos o resuelto los contratos.
El vicepresidente de la República, José Gaby Carrizo (PRD), calificó de “falsa” la investigación de La Prensa, que detectó obras deficientes e inconclusas construidas por una empresa en la que él es directivo: Grupo Gali.
“Yo estoy aquí para dignificar la política, cumpliendo con la palabra empeñada”, dijo ayer. “En este caso se pudiesen estar burlándose de mí”, concluyó Carrizo, quien prometió una entrevista a La Prensa desde abril de 2019, pero nunca la concretó.
Esto es lo que responde, sin mayores detalles, el vicepresidente José Gabriel Carrizo a la publicación de La Prensa en la que se revela su vínculo con Grupo Gali y obras inconclusas.
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 3, 2020
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Obras inconclusas y materiales de segunda reinan en Penonomé
Penonomé, distrito que se perfila económicamente como de los más pujantes de Coclé –gracias a la inversión privada–, tiene una realidad alterna.
Dinero proveniente de los impuestos quedó en un mercado público sin avances, en un complejo deportivo y recreativo abandonado y en obras construidas con materiales de segunda mano, entre otras anomalías.
El municipio de Penonomé recibió $5.1 millones entre 2016 y 2018, generados del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Programa para el Desarrollo y Servicio Municipal (Piopsm). De los fondos del IBI, recibió $4.8 millones; del Piopsm, $328 mil. Ello, sin contar lo recibido en el último trimestre de 2019, cuyos detalles no fueron revelados a este medio por la Secretaría Nacional de Descentralización.
Mercado en peligro
Vendedores del mercado público de Penonomé están disgustados. A las quejas del deficiente sistema de agua se suman las de vendedores que denunciaron que el hoy exalcalde de Penonomé Agustín Méndez (PRD) les prometió inaugurar locales nuevos, pero lo que entregó a finales de junio pasado fue algo muy distinto: estantes para legumbres. “No sé a dónde se fue el dinero de la descentralización”, dijo el quejoso.
Los arrendadores del mercado público tendrán que seguir esperando mejoras, valoradas en $91 mil. En un intercambio de notas –en diciembre de 2018 y enero de 2019– entre el exalcalde y el presidente de Diesaac, S.A., Gabriel Barrios –empresa contratada para remozar el mercado–, salieron a relucir irregularidades.
Méndez advertía que rescindiría el contrato por “incumplimiento” y Barrios justificaba el retraso por culpa de “materiales y accesorios que no existen a nivel nacional ni internacional”, como había pedido el Municipio.
Barrios mencionó tubos de “un calibre que no existe” y ruedas para el mobiliario con una capacidad de carga inexistente. Curiosamente, el contratista –para obtener la obra– presentó una cotización de materiales con base en el pliego de cargos, que exigía tubos de 3 pulgadas galvanizados, calibre 40, para el mobiliario, el cual debía llevar ruedas de 4 pulgadas, con capacidad de carga de 500 kilos.
Para corroborar la existencia de lo solicitado, este medio averiguó en dos locales comerciales, los cuales confirmaron no solo que tenían el material, sino que “hasta ajustamos el precio”.
Pero, pese a los incumplimientos admitidos por el contratista –como el tiempo de entrega de las obras– el Municipio de Penonomé le otorgó prórrogas y “modificó el desglose de actividades”, según datos de Contraloría.
El pliego de cargos exigía que las mejoras al mercado de Penonomé se entregaran dos meses después de la orden de proceder, que se dio en 2017. Pero en 2019, las obras estaban inconclusas, mientras el metal de los estantes de legumbres ya estaba oxidado. (La adenda y el contrato no son públicos).
La empresa
El contratista Diesaac, S.A. se creó en septiembre de 2004. Sus directivas son dos hermanas que han prestado o prestan servicios para el Estado. Se trata de Dilani y Sabish Castillo, tesorera y secretaria, respectivamente. Ambas –cuñadas del presidente de la empresa, Gabriel Barrios– son parientes cercanas del exdiputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González.
Dilani Castillo es funcionaria en el Tribunal Electoral, mientras que su hermana, Sabish, fue contratada temporalmente en enero de 2018 como asistente administrativa en la Asamblea.
Ese mismo mes, la Asamblea contrató a Diesaac –por más de $27 mil– para obras de albañilería. Entre 2017 y 2018, Diesaac logró más de $300 mil en contratos con el Municipio de Penonomé, varios de los cuales recibieron prórrogas de tiempo. La Prensa intentó obtener la versión de Barrios, pero dijo que no respondería.
Complejo abandonado
En Villa Cumbrera, en Penonomé, los residentes se quejan por trabajos inconclusos en un complejo deportivo y recreativo cercano, valorado en unos $500 mil.
Este complejo –a cargo del Grupo Polo– debió estar listo en junio de 2018. Su tesorero, Eric Polo, era hasta hace poco subdirector del Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación en Penonomé. La Prensa intentó comunicarse con el entonces funcionario, pero fue infructuoso.
El complejo debió tener una cancha de baloncesto y una sintética; piscina, baños y gazebo. Pero siete meses después de la fecha de entrega, ni el entonces alcalde Méndez sabía de la empresa, a pesar de que el contrato con Grupo Polo advertía que, por incumplimiento, sería sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado.
Ello ocurrió en octubre pasado. La nueva alcaldesa de Penonomé, Paula González, la inhabilitó por un año. Pero la sanción no solucionó los problemas de la obra inconclusa. Desde hace más de un año, los niños juegan alrededor de ésta, entre matorrales y sin medidas de seguridad.
En enero de 2019, el presidente de Grupo Polo, Álvaro Polo, justificó al Municipio de Penonomé las causas de su “incumplimiento”. Mencionó “la lluvia”, “la realidad que vive el país” y que había adelantado “el 47% [de la obra] que representa casi el 50% sin cobrar”. Pero la empresa ya había cobrado el 17% del costo (unos $87 mil).
Además del contrato con el Municipio de Penonomé, Grupo Polo logró $1.4 millones en contratos con el Municipio de San Miguelito, y varios miles de dólares en Antón. En todos los contratos resaltan adendas de tiempo, así como obras inconclusas.
Materiales de segunda
En los parques públicos penonomeños abundaban los letreros que anunciaban remodelaciones por miles de dólares. Uno de ellos era uno diminuto, ubicado en Chigoré, a pocos minutos del centro de la ciudad.
“Los sinsuanes, todo eso es reciclado. Lo único que hicieron fue cambiarles la cadena y pintarlos”, afirmó Carlos Ramos, de 72 años.
En efecto, el contrato señala que en una inspección del Municipio se decidiría si los juegos serían reemplazados, cosa que no sucedió. Aún así, lo poco que se haría se adjudicó –por valor de $25 mil– a la empresa Insumos y Proyectos Elaave.
Para ese parque se pidió, además, construir dos sanitarios con sistema eléctrico, cuatro bancas, siembra de grama y nivelar el terreno para evitar “encharcamientos”.
Este medio observó que el sistema eléctrico exterior de los baños estaba incompleto. No pudo verificar su interior, pues estaban cerrados. No habían bancas; la grama era escasa y la soldadura de algunos juegos ya había cedido. Los residentes se quejaron de que, cuando llueve, el terreno se inunda, pese a que la obra incluía sistema de desagüe.
En el municipio de Penonomé, Insumos y Proyectos Elaave se hizo de más de $300 mil en 13 contratos.
El presidente de sociedad, creada en 2014, Elías Ávila, no respondió a las interrogantes del medio.
Otra obra cuestionada está frente al popular “Manguito” de Penonomé. El Municipio pagó más de $57 mil por “mejorar” un parque infantil que algunos consideran costoso. La Prensa pudo observar equipos para hacer ejercicios que ya estaban en el lugar, pero que fueron reubicados.
El contrato se otorgó a Sheny Administration, presidida por Juan Carlos Barsallo, primo de la actual directora de Aduanas, Tayra Barsallo. Esta sociedad sumó más de $378 mil, entre 2016 y 2018, para “mejorar” parques en varios municipios de Coclé. Ésta sociedad fue suscrita por la ahora funcionaria en septiembre de 2003.
En el Registro Público aparece Barsallo con una acción de la sociedad, pero ella afirmó a La Prensa que no tiene participación accionaria en la empresa familiar. “Mi papá y yo siempre vamos a aparecer porque suscribimos la sociedad”, aseguró.
El abogado de la empresa, Fernando Morales, dijo que cumplieron con los contratos otorgados: “no hemos tenido reclamos”.
La defensa
Aunque la mayoría de las obras no fueron entregadas a tiempo, el entonces alcalde Méndez defendió los contratos y acusó a la que consideró responsable del retraso: la Contraloría. “Tengo que decir que ha habido una tendencia a demorar el trámite de pago que hace directamente el Ministerio de Economía a través del refrendo de Contraloría, que tarda demasiado”.
Mientras se mecía en su silla de oficina, Méndez decía que las empresas “tratan de cumplir, pero no pueden por la falta de pago”. Luego se contradijo: “No puedo respaldar una compañía que diga que no puede adelantar una obra por falta de pago. Debe tener suficiente fluidez económica y capacidad para responder a los proyectos que se le adjudican”, subrayó.
Unos $33 mil de la descentralización se entregaron en donaciones: alimentos, medicinas, subsidios funerarios, agasajos y capacitaciones, según un informe de gastos de esa entidad, pero ninguno de estos gastos debieron ser sufragados con estos fondos, pues está prohibido expresamente por la Ley.